El edil de Deportes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Javier González (PP), asegura a EL DÍA que su gobierno "inició hace días con la Policía Local y los servicios jurídicos municipales" el procedimiento para desalojar a los okupas que se han instalado en la antigua piscina municipal, cerrada desde mediados de diciembre de 2015. No es la primera vez que personas sin hogar aprovechan las oficinas de la vieja piscina como lugar de residencia, pero la acumulación de enseres y la continua presencia de personas en el interior de la instalación han generado ahora más alarma social.
"La Policía Local ya ha identificado a varias personas, a las que ha notificado que no pueden continuar ocupando esas instalaciones y que serán sancionados", afirma el edil.
"También hemos realizado gestiones con los Servicios Sociales, pero, por una razón u otra, no ha sido posible que estas personas acepten la ayuda ofrecida", subraya el edil.
González lamenta la imagen que ofrece la piscina y los problemas de higiene que puede producir la presencia de personas en la instalación. Sin embargo, considera que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz "no puede invertir dinero público en vallar o tapiar una instalación que será demolida".
"Los muros que la rodean son muy bajos y para colocar una valla gastaríamos más de 8.000 euros. Tapiar tampoco es barato y, cuando lo hicimos en uno de los cuartos, no tardaron nada en romperlo", lamenta.
Desde el Ayuntamiento portuense también se han realizado gestiones con el Cabildo de Tenerife para tratar de acelerar la demolición de la piscina, que es un paso indispensable para la futura construcción del Centro Insular de Deportes Acuáticos. "Demoler antes es una posibilidad -avanza González-, pero no es algo sencillo porque el proyecto no está adjudicado y su coste oscilaría entre 200.000 y 300.000 euros".
Los informes policiales preliminares determinan que en la piscina residen en la actualidad tres personas, una de ellas acompañada por un perro.