El colectivo de transexuales pidió ayer en el Parlamento que se actualice la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que convirtió a Canarias en una comunidad pionera a la hora de legislar en esta materia. Yelko Fernández, vicepresidente de la Asociación Transboy (asociación de hombres transexuales), denunció los impedimentos diarios a los que se ven sometidas muchas personas a las que no se les permite decidir su identidad, lo que atenta contra "su dignidad".
El representante del colectivo insistió en que "los transexuales no son ciudadanos de segunda o tercera" y que Canarias no puede seguir permitiendo la discriminación que padecen, que se siente en la sanidad pero también en el deporte y en las escuelas. En concreto, denunció las dificultades con las que muchas veces se topan para recibir los tratamientos que demandan y la obligatoriedad de ir al psiquiatra cuando deciden cambiar de sexo. "Una cosa es ir al psicólogo y otra al psiquiatra. No estamos locos".
Fernández valoró la aprobación reciente de un protocolo "trans" en las escuelas canarias, por parte de la Consejería de Educación que en la teoría permite que los alumnos usen el nombre con el que se sienten identificados y este quede reflejado en las actas, pero alertó de que en muchos centros "no se cumple", de tal manera que su organización ha tenido que reunirse con directores para pedirles que lo tengan en cuenta.
Muchos de los diputados presentes en la comisión expusieron su sorpresa porque la ley actual, que se aprobó en la legislatura pasada y convirtió a Canarias en una de las regiones pioneras en legislar sobre la materia, no esté respondiendo a las necesidades de las personas transexuales que viven en las Islas.
El representante, invitado por el Grupo Podemos, también puso el foco en el hecho de que muchas personas "trans" acaben ejerciendo la prostitución porque no encuentran empleo. "El paro entre las personas transexuales es del 80%", dijo. Por todo ello, Fernández pidió la rectificación de la norma y ofreció apoyo y asesoramiento de la organización a la que pertenece. "Comunidades como Valencia, Madrid o Andalucía tienen leyes que están por delante de la canaria", advirtió.