Decía Campoamor que la vida tiene el color del cristal con que se mira. Y debe ser así, porque con esto de los Presupuestos Generales del Estado cada uno tiene su visión de culo de botella.
Existe la percepción de que ningún diputado canario debería votar en contra de unas cuentas públicas que suponen una asignación de mil quinientos millones para las islas, con un incremento de inversión de casi cuatrocientos millones. ¿Pero a quién representan los diputados canarios?
La pregunta tiene su aquel. Porque pese a ser elegidos por los ciudadanos de las islas, están en las listas de partidos políticos que votan movidos por razones ideológicas. O lo que es lo mismo, que los diputados del PSOE o de Podemos votarán en contra de los PGE, sean de Canarias o de Segovia. Y en cierto sentido tiene su lógica, porque si cada representante sólo atendiera a los intereses territoriales de su circunscripción, el Congreso sería una carajera aún mayor de lo que ya es. Eso con independencia de la incomodidad que supone para los diputados y diputadas canarias que les soplen en el cogote con los beneficios económicos que supondrían para las islas los presupuestos contra los que están votando.
El PP canario es perfectamente consciente de esta evidencia. Por eso la representante del Gobierno en las islas, Mercedes Roldós, está calentando el fuego para cocinar en la contradicción a esa parte de los quince representantes de las islas en las Cortes que no van a apoyar el proyecto del PP. Unos y otros juegan a lo mismo, con diferentes armas: el desgaste del adversario.
Para quienes protestan por el sistema electoral canario, este debate es una verdad incómoda. Porque pone en evidencia que el peso de los territorios -y de la gente que vive en ellos- es una realidad consustancial al ejercicio político. Las razones para que no se aprueben los presupuestos no son de índole económica, sino puramente políticas. La izquierda no piensa apoyar unos presupuestos de la derecha. Y el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que son buenos para su territorio, no va a apoyar a un Gobierno de España que ha intervenido la autonomía catalana. Y frente a estas razones, se esgrime que el interés territorial debe estar por encima del ideológico. O lo que es lo mismo, que como hay más dinero para Canarias, entre otras comunidades autónomas, la obligación de representar los intereses de los ciudadanos que te han votado debe primar por encima de la disciplina de los partidos políticos en los que milita el diputado.
Los PGE, aparentemente, no van a ser apoyados. Y eso va a tener un coste para quienes voten en su contra y sean electos por las islas. Pero el mayor coste va a ser para todos los ciudadanos de Canarias, que son los que van a pagar el pato de la guerra política perdiendo un buen montón de millones después de tantos años de puteo.