Canarias

1.149 menores tienen medidas judiciales en el Archipiélago

La magistrada Reyes del Carmen Martel presenta el proyecto #Up2you para favorecer la inclusión de adolescentes. Pide ayuda ciudadana para detectar casos de exclusión.
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
6/abr/18 6:10 AM
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S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.

Canarias cuenta "a día de hoy" con "1.149 menores con medidas judiciales y alrededor de 2.000 niños en desamparo", es decir, bajo la tutela de la administración porque sus familias no reúnen las condiciones para hacerse cargo de ellos. Estas cifras -y la relación de causalidad que se da entre ambas realidades- ha hecho que la jueza de menores Reyes del Carmen Martel y otros profesionales hayan puesto en marcha un programa -#Up2you- para hacer posible la integración plena de los menores en riesgo de exclusión social.

El escenario actual "es para temblar" porque es "una olla a presión", advirtió la jueza, que participó ayer en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento canario, a petición del Grupo Popular.

Martel, que es magistrada del Juzgado de Menores Número Uno de Las Palmas, subrayó que atender las necesidades de la infancia es una responsabilidad que excede a la Dirección General del Menor o al sistema judicial y que exige una interconexión administrativa real y eficaz que afecta a "todas las áreas de Gobierno". "No podemos tener a los niños en una burbuja", advirtió.

La isla que más jóvenes tiene en esta situación es Gran Canaria (más de 600), seguida de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, precisó la jueza.

Reyes Martel acudió al Parlamento para exponer las líneas principales del proyecto #Up2you ("Depende de ti") -una iniciativa formada por juristas y expertos en comunicación, educación y empleo que busca sinergias para hacer posible la integración plena de los menores en riesgo de exclusión-, pero también para reclamar públicamente un compromiso mayor con la infancia.

La iniciativa de Martel está funcionando ya en Gran Canaria, donde alrededor de un centenar de jóvenes han participado en programas de ocio o formativos articulados a través del proyecto, con la colaboración del tercer sector o empresas, que financian actividades a través de su área de responsabilidad social corporativa.

"Un juzgado de menores no puede dictar una medida judicial y actuar como si fuera un compartimento estanco. No se está actuando en red", lamentó la magistrada. "Con el proyecto queremos llegar a los ciudadanos, concienciarlos, porque la policía no puede llegar a cada caso".

La jueza puso como ejemplo el avance en la sensibilización de algunas tragedias, como la violencia de género, y pidió a la ciudadanía que denuncie situaciones de desamparo, como la que se detectó el año pasado, "demasiado tarde", en Gran Canaria, donde varios menores de una familia no habían sido escolarizados.

Con respecto a otras comunidades autónomas, la jueza fue clara: "No somos la peor, pero estamos muy mal".

La gestión de la vivienda en Canarias no convence al Grupo Socialista, ni a Nueva Canarias ni al Grupo Popular, que ayer, en el marco de una comisión parlamentaria, denunciaron la falta de una política pública en los últimos años.

La consejera del área, Cristina Valido, avanzó las líneas estratégicas del futuro plan de vivienda de Canarias, que -recordó- llega después de años de crisis y de ausencia de fondos estatales, lo que ha obligado al departamento a asumir "deudas pendientes".

Valido reconoció que durante años en Canarias no se ha construido vivienda pública porque no había presupuesto, pero confirmó que este año habrá un incremento en las partidas. Además de acometer obras que estaban pendientes, ya se ha empezado con otros proyectos y Valido espera que en el año que queda de legislatura se impulsen algunos más.

La titular del área insistió en lo poco práctico que es mirar "hacia atrás" en vez de actuar y adelantó varias de las actuaciones que tienen previstas con el nuevo plan de vivienda de Canarias, que se espera que esté aprobado antes de las próximas elecciones.

Una de esas medidas consistirá en analizar las situaciones de los inquilinos de viviendas públicas que no han renovado los alquileres de viviendas públicas, pues "se sospecha" que otras personas puedan necesitar más la ocupación de dichas viviendas.

También anunció que en las próximas semanas se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el listado de beneficiarios de las ayudas de alquiler, convocadas en agosto del año pasado, que está en la actualidad en periodo de subsanación de errores para que los demandantes aporten documentación.