El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido cautelarmente la licitación de los servicios informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC), al estimar que su presidente, Santiago Negrín, no tiene competencias para convocarla.

En un auto hecho público hoy, el juez Francisco Úbeda subraya que resulta "evidente y clamoroso" que el Parlamento de Canarias dispuso al aprobar la Ley de RTVC de 2014 que los contratos plurianuales o por importe superior a un millón de euros sean aprobados por el Consejo Rector del ente público.

En vista de ello, acepta la petición cursada por Videoreport, el actual gestor de los informativos, y decide suspender ese concurso hasta que se dice sentencia sobre el fondo del asunto, porque entiende que ha sido convocado "de forma evidente, esperpéntica y clamorosa" por un órgano "carente de competencias para ello".

El Juzgado ha tomado esta decisión semanas después de que RTVC diera a conocer que su presidente había decidido declarar desierto ese concurso por recomendación de la mesa de contratación, al considerar que los tres grupos licitantes habían cometido un error a la hora de presentar sus ofertas.

En vista de ello, RTVC anunció el pasado 23 de marzo que se proponía adjudicar la gestión de sus informativos durante los próximos ocho años (un contrato por valor de 144 millones de euros) mediante un procedimiento negociado en el que participarían los tres grupos que habían presentado ofertas al concurso.

En concreto, iban a poder optar a ese negociado el actual gestor de los servicios informativos, Videoreport (empresa participada por "Canarias 7"); Nuntium TV, que reunía la oferta del grupo Prisa y Editorial Prensa Ibérica (editor de "La Provincia" y "La Opinión de Tenerife"); y Liquid Media, de Mediapro.

Sin embargo, el Juzgado número 1 de la capital tinerfeña ha dictado medidas cautelares sobre ese procedimiento porque aprecia una irregularidad de origen: el hecho de que el concurso fuera convocado por el presidente de RTVC, erigido en órgano de contratación, en lugar de por el Consejo Rector.

El juez admite que su decisión cautelar de frenar temporalmente el concurso de los informativos hasta que dicte sentencia sobre el recurso de Videoreport puede suponer "un perjudicio" para RTVC.

El auto no cita cuál puede ser ese perjuicio, pero la propia RTVC ha recordado en las últimas semanas que el contrato que permite a Videoreport seguir suministrándole los informativos no admite ya más prórrogas que la que ahora está en vigor, y que termina el 30 de junio.

Sin embargo, remarca que el daño potencial para el erario público y para las empresas licitantes sería "mayor" si, al final, se dictara la nulidad de toda esta licitación.

Además, considera que "está en manos de la demandada (la cadena autonómica) someter de nuevo e inmediatamente la iniciación del expediente al órgano competente; esto es, el Consejo Rector".

Ese órgano de dirección está en la actualidad notablemente mermado en su composición, tras haber dimitido parte de sus miembros y no haber sido posible que los distintos partidos políticos llegaran a un acuerdo en el Parlamento de Canarias para designar a sus sustitutos.

El juez razona que, ponderando todos "los intereses en liza, debe prevalecer la (opción) de suspender un acto administrativo que, de forma evidente, esperpéntica y clamorosa, ha sido dictado por un órgano carente de competencias para ello".

El magistrado añade que, además, "no resulta baladí recordar" que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había concedido otra medida cautelar solicitada por Videoreport que conllevaba "la inmediata suspensión de los actos sucesivos del procedimiento licitatorio" hasta que se resolviese el recurso interpuesto por el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma.

Y no consta, remarca, "que dicha circunstancia se haya producido, ni el resultado de la misma".