El anciano Jacinto Siverio M., condenado por la Audiencia Provincial a dos años y medio de cárcel por matar a un joven que entró en su finca de Arafo a robar, considera que el fallo abre la puerta a que a partir de ahora “los ladrones podrán entrar tranquilitos en una casa porque ya saben que no les va a pasar nada e incluso tendrán garantías” por parte de la Justicia. Recordó que los asaltantes de su vivienda pretendían matarle a él y a su mujer y que, al ser una persona mayor, “yo no tenía fuerzas para enfrentarme a unos chicos jóvenes”.
El condenado se mostró muy contrariado con el fallo por homicidio, pese a que era el previsible después del veredicto del jurado. “Esperaba que tuvieran en cuenta lo que me pasó a mí y que por lo tanto no debían haberme sentenciado así”, apuntó. En cuanto a imponerle una pena por tenencia ilícita de armas, apunta que “lo entiendo más, pero no comprendo que todo caiga sobre mí; ¿qué Justicia es esta y en qué país vivimos?”, preguntó. Cree que el magistrado podía haber rebajado más las condenas, “pero poco puedo opinar de eso”. “Llegaré hasta donde tenga que llegar”, añadió.
En la plataforma change.org se han empezado a recoger firmas para intentar que se revoque la sentencia y que Jacinto no entre en prisión.
De aquella noche recuerda que los asaltantes “estaban obsesionados con agredir a mi mujer porque pensaban que era la que tenía la llave de la caja fuerte y por eso pasó lo que pasó”. El anciano, que ahora tiene 83 años, aseguró que jamás pretendió “matar a nadie porque nunca había utilizado un revólver, pero ocurrió así y ahora ya no puedes hacer nada”.
El abogado defensor, Avelino Míguez, dijo que aunque cuando se cometen hechos como el ocurrido “se deben asumir las consecuencias”, también cree que si el anciano no hubiese actuado como lo hizo, “los fallecidos serían hoy por hoy él y su mujer, e incluso su cuñada, que estaba escondida en el cuarto de baño”.
No obstante, el letrado sospecha que tal vez no supo explicar debidamente al jurado las consecuencias de un veredicto que desde un principio calificó como “lleno de incongruencias”. Míguez indicó que “ahí creo que tengo mucha culpa por no haber sabido transmitirles que tomar la decisión que tomaron iba a implicar que don Jacinto acabara con sus huesos a la cárcel”.
El letrado criticó que los miembros del Jurado pensaran que, pese a declarar culpable a su cliente, quedaría absuelto por pedir la suspensión de la pena o la concesión de indultos. “Eso no funciona así, porque cuando se emite un veredicto que puede dar lugar a una pena superior a dos años ya es imposible evitar que el procesado entre en prisión” aclaró. “Y, además, el indulto no lo concede el magistrado, ni proviene del ámbito judicial”, matizó.
Míguez indicó que la decisión del juez se basó estrictamente en lo que dictaminó el Jurado y está contemplado en la Ley, pese a que en el fallo en varias ocasiones el magistrado indica que aplica la pena mínima para estos delitos. En cuanto a la acusación de homicidio, apuntó que no se podía bajar más porque también es lo que pedían la Fiscalía y la acusación particular.
En el caso de la tenencia ilícita de armas cree que existía margen para rebajar la pena de dos años, si bien es cierto que en la práctica la condena ha quedado suspendida. “El juez está sometido al imperio de la Ley, pero es posible que tuviera una pequeña capacidad de maniobra más”, dijo. El abogado apeló a la presión popular para poder conseguir que las próximas apelaciones den el resultado esperado o que se pueda obtener un indulto, aunque sea parcial.