La escolarización de los niños menores de tres años ayuda a conciliar la vida familiar y laboral y contribuye a mejorar el rendimiento escolar futuro. Sin embargo, en Canarias solo 2.108 menores de un total de 47.070 -el 4,5%- estaban escolarizados en 2016 en el primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos y 4.558 -el 9,6%- en privados, según el diagnóstico sobre la infancia encargado por la Consejería de Políticas Sociales a las universidades canarias y que acaba de publicarse.

Los datos revelan que la provincia de Las Palmas contaba con 2.594 alumnos escolarizados ese año, mientras que en Santa Cruz de Tenerife había 4.072. En total, 2.108 alumnos estaban inscritos en centros públicos y 4.558 -más del doble- en centros privados.

Los expertos ponen en contexto estos datos. Castilla La Mancha y País Vasco -comunidades que tienen una población total y una tasa infantil similar a la de las Islas- presentan ratios de cobertura mucho más amplias. El mismo año, en Castilla La Mancha cursaban el primer ciclo de Educación Infantil 11.696 alumnos en centros públicos, lo que constituye el 21,5% de la población infantil de 0 a 3 años.

En el caso del País Vasco el número de niños de estas edades que estudiaban en centros públicos ascendía a 16.142, lo que representa el 28% de la población de esas edades. En ambas regiones, el número de alumnos en el sistema público era superior al registrado en el privado.

Los firmantes del estudio advierten de que "la inversión pública en el sistema canario sigue resultando escasa, dado que la oferta de plazas es insuficiente para atender las necesidades socioeducativas".

Por otro lado, han constatado "que se debe realizar un mejor reparto por municipios de la oferta de plazas, de manera que se pueda garantizar la igualdad de oportunidades de acceso para toda la población".

El estudio también presta atención a la presencia de las ludotecas. De hecho, recuerda que en el año 2014 el Gobierno de Canarias anunció que publicaría un decreto para regularlas, pero, aunque pasó la fase de borrador, nunca se aprobó. El decreto marcaba la diferenciación entre las escuelas infantiles y los espacios lúdicos infantiles.

Para los expertos, también resultan preocupantes los indicadores que evidencian una mayor desigualdad y un mayor riesgo de pobreza y exclusión social asociados a la convivencia con menores de edad, principalmente en familias monoparentales encabezadas por la mujer.

"Ya que las condiciones económicas manifestadas en los datos macroeconómicos actuales posibilitan el desarrollo de políticas públicas destinadas a invertir en el bienestar social, deben hacerse más esfuerzos en la atención infanto-juvenil y familiar", apuntan los investigadores.