El edil de Ordenación y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez (CC), asegura que ordenar recientemente "el cierre del Sunset 290, o de cualquier establecimiento comercial o empresarial, está claro que no es plato de buen gusto para nadie. Ni para los responsables públicos ni mucho menos, evidentemente, para los propietarios". Sin embargo, insiste en que la legalización de este emblemático negocio "no es posible".

El concejal nacionalista considera que hay que analizar "cómo se llega a esta medida, a raíz de un expediente que se inició en noviembre de 2014, cuando la Coordinadora Ecologista de El Rincón exige en el seno del Consorcio de este paraje que se compruebe la legalidad del Sunset 290. A raíz de esa denuncia se abre un expediente de disciplina urbanística, que ha sido muy largo".

Según Pérez, la propiedad del Sunset 290 "ha intentado plantear todas las opciones para lograr una legalización de la actividad del establecimiento de restauración que no es posible. Y no es posible porque en estos cuatro años se han producido un montón de pronunciamientos judiciales, algunos de ellos muy contundentes, como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena el cese de la actividad y el cierre del establecimiento".

El concejal subraya que "es el TSJC quien ordena al Ayuntamiento de La Orotava que ejecute las medidas oportunas para garantizar el cese de la actividad y el cierre del Sunset 290".

Pérez asegura que este negocio no se puede legalizar "porque el Plan Especial de El Rincón, aprobado en 1997, establece que ese lugar tiene unos valores paisajísticos y de protección natural. Nosotros no entramos a valorar si esos valores o ese grado de protección son los adecuados, son los que están ahora mismo en la ley y son los que el tribunal aplica".

"Al Ayuntamiento de La Orotava no le queda otra, más allá de que nos pueda gustar más o menos, que acatar y cumplir la sentencia judicial y hacer frente a esta situación desagradable. Es una sentencia firme y de obligado cumplimiento, más allá de opiniones y valoraciones", subraya.

Para el también responsable de Seguridad, el cuestionado despliegue policial del día del precinto se hizo porque "la propiedad del Sunset no cumplió los requerimientos voluntarios de cierre y tampoco dejó actuar a dos funcionarios que acudieron en solitario. Por ello, la autoridad judicial ordena que se actúe ya con el dispositivo que se vio el otro día".

El concejal nacionalista Narciso Pérez aseguró que "le encantaría tener un pronunciamiento judicial que permitiera legalizar la actividad, pero no es la situación que tenemos en la actualidad, por lo que el precinto se tendrá que mantener hasta que se produzca un nuevo dictamen de la Justicia".