Tenerife

Urbanismo indemnizará a los expropiados del barranco de Santos

El edil de Urbanismo, Carlos Tarife, ha dado instrucciones al servicio de Planeamiento para que haga las valoraciones de las expropiaciones Nueve familias viven de alquiler.
O.G., S/C de Tenerife
23/abr/18 6:11 AM
Edición impresa
Urbanismo indemnizará a los expropiados del barranco de Santos

Es un asunto que se arrastra desde hace más de una década y que la Gerencia de Urbanismo pretende resolver, de una vez, a lo largo de este año. El concejal del área, Carlos Tarife, ha dado instrucciones al servicio de Planeamiento para que realice una valoración de las expropiaciones que llevó a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz, para la ejecución del viario del barranco de Santos, con el objeto de abonar las cantidades que se estimen a los afectados y poner punto y final a este conflicto.

Con esta medida se pretende acabar con el pago de alquileres que, desde que se ejecutaron las expropiaciones, abona el consistorio a varias familias de la capital. En concreto, ahora son nueve, después de que el año pasado se llegara a un acuerdo con otras dos. A una de ellas se le pagó una cantidad cercana a los 130.000 euros.

El concejal recuerda que a las familias que fueron expropiadas se les prometió un nuevo edificio en el barrio del Perú, en concreto en la calle José Plácido Sansón. Sin embargo, ese inmueble nunca se construyó y, al parecer, tampoco hay intención de que eso se lleve a cabo en el futuro.

Según explica Carlos Tarife, la valoración que hará el servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo será en función de la expropiación que se ejecutó en su momento. "Hay varias familias que nos han pedido que se solucione este tema de una vez. Por eso he dado instrucciones para que efectúen las estimaciones", subraya.

Una vez que se conozcan las cantidades que los técnicos estimen "nos sentaremos con los afectados y trataremos de llegar a un acuerdo. Si lo hacemos, se paga y se liquida", precisa. La idea es que este asunto se pueda cerrar este mismo año.

En 2014, y según las cifras que se publicaron en aquel momento, el consistorio pagaba 48.000 euros anuales por los alquileres de estas familias.

Ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló a favor del consistorio y determinó que el solar en el que se pretendía construir el nuevo edificio para los afectados por las expropiaciones era de titularidad municipal. Las dudas las había planteado en los juzgados el anterior propietario del espacio, que también figuraba entre los expropiados.

Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora nada se ha hecho para construir el inmueble.