El ex secretario general del PSOE de Lanzarote y exconsejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, Carlos Espino, tendrá que hacer frente a un aval por un millón y medio de euros, para evitar entrar en prisión. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número tres de Arrecife, que investiga una denuncia presentada contra Espino, por sus actuaciones entre los años 2007 y 2009, cuando contrató el suministro y montaje de la cocina del centro turístico de los Jameos del Agua, por un importe cercano al cuarto de millón de euros, a una empresa de su compañero en la ejecutiva insular del partido Antonio González Medina. Al final, por la cocina de marras se pagaron casi 400.000 euros, además de otros suministros para el centro de Montaña del Fuego (casi 160.000 euros) y para el Monumento al Campesino (más de 150.000 euros). La empresa del colega de Espino se hizo con más contratos de Turismo, muchos de ellos por adjudicación directa, por casi tres cuartos de millón de euros. Y no satisfechos con esa tajada, otras empresas del mismo empresario facturaron sin concurso 314.000 euros, troceando la facturación. Es por eso que el juez Rafael Lis, de los juzgados de Arrecife, convencido de que hay poderosos indicios de la comisión de delitos de prevaricación, malversación y fraude, ha impuesto al político una fianza de millón y medio de euros, equiparable al importe del dinero que en la instrucción se considera malversado, y otra fianza de 1,3 millones a Antonio González, el empresario amigo de Carlos Espino que resultó beneficiario de las adjudicaciones.

En la maraña político-empresarial y judicial que es Lanzarote, a Espino se le recuerda por haber sido el principal denunciante del caso Unión, que investigó una trama de corrupción en la que estaban implicados políticos, funcionarios y empresarios, y que surgió como resultado de una denuncia de Espino, que algunos interpretaron como una venganza por lo de las cocinas, en la que la denuncia fue presentada por la hoy presidenta del PP conejero, Astrid Pérez. El caso Unión, centrado fundamentalmente en diversas tramas corruptas vinculadas al PIL de Dimas Martín, enfrentó al juez Lis con el juez Pamparacuatro, más cercano al denunciante, y algunas de las muchas piezas separadas del caso, que sacudió toda la Isla y llegó a provocar la detención de una treintena de personas, ya han sido juzgadas. Pero el caso Unión ha generado mucho más ruido que nueces, sobre todo después de que el polémico juez Alba anulara las grabaciones realizadas por el propio Espino, consideradas ilegales.

La cuestión ahora es que es complicado que Espino pueda aportar un aval por millón y medio de euros, al menos sin contar con el apoyo decidido de sus antiguos colegas de partido: Espino carece de patrimonio suficiente y se gana la vida como asesor de la actual secretaria general del PSOE en la Isla, Lola Corujo, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento regional. Corujo fue extremadamente dura cuando el alcalde socialista de Arrecife, José Montelongo, resultó imputado por malversación en varios asunto administrativo en los que no se había producido enriquecimiento personal. Corujo exigió y logró su dimisión en la Ejecutiva federal, antes de que hubiera ninguna condena. Habrá que ver qué hará ahora, cuando la justicia se pronuncia contra su hombre de confianza, Carlos Espino, el denunciado que decidió denunciar.