En 2012 publicábamos el primer informe sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. En aquella ocasión nuestro objetivo era hacer una fotografía sobre algunos aspectos relacionados con el desarrollo de los derechos de los niños y las niñas en las Islas.

Dos años después, en 2014, proponíamos la firma de un Pacto Canario por la Infancia, que contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas y de algunos actores de la sociedad civil. Volvíamos entonces a hacer propuestas que buscaban mejorar la realidad de la infancia en Canarias, sobre todo de la más vulnerable.

El jueves 19 de abril lanzamos un segundo informe que, aunque no sea parte de una serie, vuelve a abordar algunas cuestiones de relevancia que aparecían en el primero: el riesgo de pobreza o exclusión social, la necesidad de mejorar los indicadores relacionados con la salud o el acceso universal a la educación Infantil de 0 a 3 años. Todas ellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de nuestra infancia y que, según los datos, lejos de parecer resueltas, nos sitúan en un escenario de mayores desafíos de cara al futuro.

Como decimos en el informe, lo que muestran los fríos datos es que la pobreza infantil existe, preexiste y persiste a la crisis económica española, formando parte de la vida cotidiana de los barrios y de las familias.

Trabajar por la infancia y dar preferencia a sus necesidades no es complicado. Se trata de poner a la infancia en el foco de nuestras políticas públicas o definir prioridades de forma que los niños y niñas sean protagonistas en la toma de decisiones. Pero, además, es responsabilidad de todos y cada uno de los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de España en 1990. Sin lugar a dudas, debemos empeñarnos en la aplicación y desarrollo de este compromiso.

Nuestro informe, hecho en colaboración con las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), pone en evidencia una circunstancia que coloca a la comunidad autónoma en una posición aún peor de la que planteábamos en el anterior informe. Un 41,6% de los niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador AROPE, umbral autonómico. Esto significa que 4 de cada 10 niños que viven en Canarias se encuentran en esta situación y que, comparativamente con el resto de comunidades autónomas, somos la que peor números presenta. Mientras la tasa AROPE se ha ido reduciendo desde 2014 a nivel estatal, en Canarias se ha disparado.

La brecha de desigualdad que esto supone para nuestra comunidad, y en concreto para nuestra infancia, no hace más que crecer y aumentar en complejidad. Los factores que conducen a la exclusión social han contribuido a diversificar los perfiles de las familias que padecen estas situaciones y hacen cada vez más difícil la toma de decisiones respecto a las posibles soluciones. Pero esto no nos exime de nuestra responsabilidad a la hora de buscarlas.

En este sentido, UNICEF Comité Canarias vuelve a plantear una serie de propuestas de mejora que esperamos sean tenidas en cuenta. En esta ocasión, nuestras recomendaciones se inspiran también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, agenda mundial que establece unos objetivos y unas metas que nos ofrecen una oportunidad simpar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.

*Coordinadora UNICEF Comité Canarias