El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó que el juez de Instrucción número 3 de Arrecife (Lanzarote), Rafael Lis, comience a cumplir el 1 de mayo la sanción de seis meses de suspensión que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces decidió apartar un semestre de sus funciones a este magistrado como autor de una falta muy grave, consistente en no haberse apartado de la instrucción de un procedimiento a sabiendas de que había sido recusado.

Según el CGPJ, Lis debería de haberse abstenido de tramitar la denuncia que el juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, había presentado tras descubrir que algunos documentos de esa causa por corrupción se habían perdido, debido a un robo o a un extravío.

El juez Pamparacuatro recusó a su colega porque la esposa de este, Margarita Alejo, defiende como abogada al empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa, imputado en el caso Unión y también en el procedimiento abierto a raíz de las irregularidades de la bodega Stratvs, al que podría afectar la pérdida de los documentos.

El magistrado Rafael Lis no aceptó la recusación de Pamparacuatro, pero finalmente la Audiencia Provincial de Las Palmas le obligó a apartarse de la investigación sobre el posible robo de documentos del caso Unión, al encontrar "razonables" las dudas que se habían planteado sobre su posible interés directo o indirecto en ese asunto.

Sin embargo, Rafael Lis permitió que se pudieran personar en él cuatro imputados en la otra trama de corrupción: Dimas Martín, Luis Lleó, Felipe Fernández Camero y Juan Francisco Rosa.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ entendió que, en su actuación en esa causa por el posible robo de documentos del "caso Unión", el juez Lis cometió una falta muy grave, por lo que lo sancionó, en una decisión que luego fue ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El juez Rafael Lis dictó esta semana otra resolución indirectamente relacionada con el caso Unión: imponer una fianza de 1.500.000 euros a Carlos Espino, el exconsejero socialista de Lanzarote que presentó la denuncia con la que se destapó esa trama de presunta corrupción, por su posible responsabilidad en la presunta adjudicación irregular de contratos del los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo (CACT), según los datos que trascendieron durante el transcurso de la jornada de ayer.