Una decisión tiene en vilo a trabajadores y sindicatos del sector sanitario. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidirá este viernes si falla a favor de la impugnación que la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) presentó el 5 de enero de 2016 en contra del proceso administrativo de la OPE 2007 de las categorías de medicina de familia y auxiliar administrativo.
Concretamente, el abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos, ha denunciado la tardanza de la Administración para convocar esta Oferta Pública de Empleo, ya que se demoró más de tres años desde que se anunció.
Si la decisión resulta favorable para el demandante, "un simple escrito" podría anular toda la OPE 2007. Según los sindicatos sanitarios, esto daría lugar a un "auténtico caos" entre los más de 5.000 trabajadores que han conseguido plaza fija y los otros miles que se encuentran en la lista de empleo.
No obstante, las probabilidades de que esto acabe ocurriendo parecen ser mínimas, como valoró, entre otros, el sindicato Asaca. "Hace unos meses se desestimó una sentencia que realizó otra organización con los mismos argumentos en Las Palmas", explicó Asaca insistiendo en que no cree que salga adelante.
Este sindicato ha sido señalado como uno de los precursores de esta denuncia junto a la organización "Por una Ope Más Justa", por lo que han sido duramente criticados. Sin embargo, Asaca desmintió estas acusaciones recordando que "el demandante no es Asaca sino ANIL". "Nosotros nunca hemos pedido la nulidad del proceso, sino que la valoración de méritos fuera más justa", recordó Ayoze Betancor, portavoz de Asaca.
Sin embargo, Manuel Martos afirmó a este periódico todo lo contrario. "Estas dos plataformas, en un principio, querían impugnar", alegó el abogado, al tiempo que remarcó que, desde que Asaca entró en la mesa sectorial de Sanidad, "retiró la demanda".
"Ellos contactaron conmigo", continua Martos, que alegó que junto a "Por una Ope Más Justa" fueron quienes se mostraron a favor de demandar a la Administración.
El abogado, en una publicación de su Facebook, replicó: "Puedo equivocarme y perder, pero si pierdo, no es por no tener razón, y otra cosa digo, si pierdo, el estado de derecho en España se derrumbaría". Y es que, como remarcó el abogado a EL DÍA, la OPE 2007 habría incumplido el artículo 70.1 del Estatuto Básico de Empleados Públicos. Este documento sostiene en su último párrafo que, "en todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".
La Consejería de Sanidad recordó que la mayoría de sentencias a las impugnaciones sobre el proceso que se han realizado hasta ahora han resultado desfavorables. No obstante, afirmó que si se diera el caso y finalmente se fallara a favor del demandante, recurrirán dicha sentencia. Martos, por su parte, advirtió de que, en el caso de que se desestime su impugnación, recurrirá al Tribunal Supremo (TS).
Los sindicatos han mostrado su malestar ante la posibilidad de que esta sentencia salga adelante. Leopoldo Cejas, secretario general de Satse, afirmó que la "gente está enfadada y preocupada", especialmente por la incertidumbre que provoca esta noticia.
Francisco Bautista, secretario general del sindicato UGT, remarcó que toda la OPE se ha hecho siguiendo la normativa del Estatuto Básico de Empleados Públicos (EBEP) y que no debería ser impugnada. Asimismo, ambos sindicatos recordaron que si se tuviera que volver a convocar la OPE 2007, se retrasarían las próximas convocatorias. El Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM), bajo la portavocía de su vicesecretaria Natacha Sujanani, alegó que "tal y como está la situación, esto va a ser un agravio".
"Entiendo que esto va a ser una catástrofe que va a perjudicar a mucha gente, pero la culpa es solo de una persona y esa es la Administración", concluyó Martos, al tiempo que anunció que continuará con esta lucha.
las claves El incumplimiento del EBEP se convierte en la piedra angular de esta demanda realizada por Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL). Concretamente, el abogado Manuel Martos alega que la Administración se demoró más de tres años para convocar la OPE 2007.
Asaca desmiente que haya participado en este proceso para solicitar la nulidad de la Oferta Pública de Empleo, tras haber sido duramente criticado por otros sindicatos del sector. No obstante, Manuel Martos afirmó que tanto ellos, como la plataforma "Por Una Ope Más Justa", le contactaron, en un principio, para impugnar el procedimiento, aunque posteriormente retiraron la demanda.
Han desestimado todas las impugnaciones que ha habido hasta ahora a la OPE. Por ello, se espera que la Justicia actúe de la misma manera en esta sentencia, que, sin embargo, pretende llegar hasta el Supremo.