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Podemos denuncia al exconsejero Berriel ante la Fiscalía por malversación

Santa Cruz de Tenerife, EFE
26/abr/18 16:49 PM
eldia.es
El diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias, Manuel Marrero, informó hoy de la presentación de la denuncia. Tras él, su compañero Francisco Déniz./Cristóbal García (EFE)

El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el exconsejero regional de Obras Públicas Domingo Berriel (CC) por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, por el sobrecoste de más de 20 millones de euros en la construcción de la carretera del norte de La Palma, la C-830.

La obra, con una longitud de 23,5 kilómetros, se licitó en 2007 por 32,4 millones de euros, pero pese a que hasta su finalización en 2016 el proyecto fue reducido a 15,7 kilómetros, el coste se incrementó en un 67%, incluyendo unas obras complementarias que se adjudicaron sin concurso.

En la denuncia, Podemos asegura que las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas "estaban orientadas a favorecer a la UTE contratista a costa del erario público", y pone de relieve la "falta de interés" de la administración actual, con el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), responsable del área, por anular el contrato, ya que se ha dejado caducar el expediente de oficio por nulidad.

"Salta a la vista que se han tomado una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley" y que existen infracciones "burdas y palmarias", señalan los siete diputados de Podemos en su escrito ante la Fiscalía, a la que piden que actúe además contra los técnicos de la comunidad autónoma que han podido participar en los hechos.

De los problemas de esa carretera, adjudicada en 2007, alertó inicialmente en el Parlamento el actual vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodíguez, quien dijo nada más haber asumido el cargo que contenía graves irregularidades, según ha declarado a la prensa el diputado Manuel Marrero.

Pero después de "hacer saltar la liebre", sorprendentemente decidió "mirar para otro lado" y dejar caducar el expediente de anulación del contrato, ha agregado.

Marrero ha señalado que en este asunto el PSOE no ha hecho nada "por acción u omisión", pese a haber estado al frente de la Consejería un tiempo, como tampoco ha querido entrar el PP en el "fondo del asunto".

A raíz de este caso, Podemos ha pedido al Gobierno de Canarias que entregue al Parlamento todos los expedientes de obras públicas con sobrecostes de los últimos diez años, ante la sospecha de que la carretera del norte de La Palma podría no ser el único caso.

El sobrecoste conocido de momento en la C-380 supera el 66 % del precio de adjudicación, un desfase de más de 20 millones de euros, pero el Gobierno aún no ha informado del coste final, ha indicado Marrero.

La portavoz de Podemos en el Parlamento, Noemí Santana, ha dicho que los indicios apuntan a graves delitos ante los que el Gobierno de Canarias quiere mirar para otro lado.

El objeto de la denuncia es el contrato de obra de acondicionamiento de la carretera de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda, en el tramo de Los Sauces a Cruz del Castillo, que fue adjudicado por 32,4 millones de euros en junio de 2007 a una UTE formada por Acciona y Lopesan Asfaltos y Construcciones.

En marzo de 2010 se modificó el proyecto con un sobrecoste de casi el 20 %, hasta los 38,9 millones de euros, y un año después, en 2011, Berriel adjudicó obras complementarias por otros 15,4 millones a la misma UTE por un procedimiento negociado sin publicidad, que, según la denuncia, no es el adecuado y debía suponer la nulidad de esa actuación.

En 2012, el proyecto fue modificado por segunda vez para reducir el ámbito de la obras a 15,7 kilómetros de los 23,5 kilómetros iniciales, aunque se mantuvo el mismo presupuesto, y se tramitó sin informe de la Intervención General pese a que la actuación se reducía en 8,1 kilómetros, un 33 %.

Más adelante, se amplió el plazo de finalización de la obra hasta el fin de 2015, aunque inicialmente debía haber concluido en 40 meses a contar desde agosto de 2007, y las actas de recepción se formalizaron en octubre de 2016.

La Intervención General hizo constar en su informe que las obras complementarias no debieron adjudicarse por el procedimiento negociado sin publicidad y que el modificado para reducir la vía supuso un cambio sustancial en el contrato

Las dos modificaciones y las actuaciones complementarias incrementaron el presupuesto un 67 %, aunque la longitud de la vía se redujo un 32 %.

Según la denuncia, las modificaciones del proyecto, con una reducción de la longitud de la actuación, puede interpretarse como una entrega incompleta de la obra y presuntamente se ha producido una alteración de las condiciones de licitación y de las de contratación.

Ante la apertura de un expediente de revisión de oficio del contrato en diciembre de 2016, los servicios jurídicos de la Consejería se pronunciaron a favor de declarar la nulidad, pero al pasar más de seis meses sin resolverse caducó, según estableció el Consejo Consultivo.

Sin embargo, según Podemos, la Consejería puede iniciar un nuevo expediente de revisión de oficio para anular el contrato, pero no hay constancia de ello, lo que también pone en conocimiento de la fiscalía.

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