El Gobierno estudiará si es necesario actualizar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal a raíz de la sentencia sobre ''la Manada'', que ha recibido críticas de los principales partidos políticos por eximir a los acusados del delito de agresión sexual.
El Gobierno navarro ya trabaja para recurrir la sentencia al entender probado que hubo "intimidación y no consentimiento", mientras que el PP ha mostrado su satisfacción por el recurso de la Fiscalía y ha reafirmado su disposición a promover cambios legales sobre las calificaciones penales de qué se considera violación y qué no, según apunta su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
"Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia", ha recalcado la también ministra de Defensa, a quien le parecen pocos los nueve años de prisión impuestos a cada uno de los cinco integrantes de ''la Manada'' por un delito continuado de abuso sexual.
UPN registrará en el Congreso una proposición de reforma del Código Penal para que se castigue siempre como delito de agresión sexual cualquier ataque de este tipo cometido por dos o más personas, en tanto que Ciudadanos y Unidos Podemos pedirán que se convoque la Comisión de Seguimiento del pacto de Estado contra la Violencia de Género para revisar los cambios legislativos.
Por su parte, el PSOE ha solicitado la comparecencia de los ministros de Sanidad, Justicia, Interior, Educación y Hacienda en la Cámara Baja para que informen sobre el cumplimiento de este pacto y la ejecución del compromiso económico contenido en el acuerdo.
En todo caso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha precisado que a su juicio el debate no es la dureza del Código Penal ni su revisión, sino la indignación ante el hecho "absolutamente escandaloso" de que el tribunal no viera violencia e intimidación cuando los hechos probados muestran en su opinión que se produjeron ambas cosas y, por tanto, la víctima fue violada.
También el grupo de Coalición Canaria en el parlamentario autonómico ha mostrado su "estupor" ante la sentencia y ha reclamado una reforma del Código Penal para evitar interpretaciones sobre lo que es o no violación.
En la conferencia posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el Gobierno "acata y respeta" la decisión judicial, si bien ha precisado que contra ella caben recursos, y ha anunciado que el Ejecutivo analizará si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal "o es preciso una actualización".
Entre los presidentes autonómicos, el aragonés Javier Lambán defiende que lo ocurrido fue "una violación en toda regla", el gallego Alberto Núñez Feijóo manifiesta su "decepción" con una sentencia en la que "algún párrafo" parece "contradictorio con el fallo final" y la andaluza Susana Díaz confía en que "las próximas resoluciones" sean "más acordes" con la tolerancia cero frente a la violencia sexual.
Del mismo modo, la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, se suma a la "indignación" ciudadana y observa "intimidación" y "falta de consentimiento" en los hechos enjuiciados, lo que implicaría una condena por violación.
También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha considerado "profundamente equivocada" la sentencia por no responder "a las exigencias de justicia de las mujeres" y espera que sea revocada por el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado por unanimidad instar al Congreso y al Senado a revisar en el Código Penal el supuesto de abuso sexual y la consideración de violencia en casos de agresión sexual y violación, mientras que las dos entidades municipalistas catalanes, FMC y ACM, han advertido de que "la brutalidad con la que actuó este grupo violento y machista merece otra sentencia".