Vecinos de la calle Padre Anchieta, paralela a la avenida San Sebastián, reclamaron ayer celeridad en la demolición de la casa terrera radicada en el número 25, que se encuentra vallada desde hace años por el estado ruinoso en el que se encuentra y el peligro de derrumbe que presenta.
Los residentes de los edificios colindantes demandan a la Gerencia de Urbanismo que actúe para poder recuperar para la ciudadanía todo el frente de acera que se encuentra inutilizado, una cuestión que pone en riesgo a los vecinos porque tienen que invadir la carretera para poder acceder de un lado a otro.
El área de Urbanismo aseguró ayer que no es ajeno al problema, adelantando que está pendiente de una autorización judicial para poder entrar en la casa y acometer obras de manera subsidiaria, una actuación que está presupuestada en 19.000 euros, según adelantó su responsable, Carlos Tarife, a EL DÍA.
Mientras tanto, los residentes de las viviendas contiguas destacan que desde hace años el enclave se ha convertido en un nicho de ratas y cucarachas, un problema que se ha trasladado a sus casas y las residencias que se encuentran justamente enfrente.
"Los inconvenientes surgen mayormente en esta época, pero sobre todo en verano, cuando los insectos proliferan por todas partes. Sabemos que no los bichos no van a desaparecer, pero sí se pueden controlar actuando en focos como el de la vivienda", señaló uno de los denunciantes.
El grupo de vecinos quiso destacar que el verdadero problema que existe es el de la seguridad porque la incorporación a la vía desde la calle Aguere, que viene del barranco, se produce justamente en frente, dejando en riesgo a los transeúntes que vienen desde la iglesia o desde La Salle.
"Los vehículos muchas veces se saltan la glorieta que hay en la intersección de ambas calles y por ahorrar unos metros nos ponen en peligro a nosotros. Y dése cuenta de una cosa. Por aquí hay muchos niños que estudian en el colegio La Salle y que toman este camino para llegar a sus casas", advirtió una de las madres.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, aseguró ayer "que se trata de una ejecución subsidiaria que ya cuenta con presupuesto", en este caso de unos 19.000 euros.
"El problema se centra en que estamos pendientes de que nos den autorización judicial para poder realizar trabajos allí. Nos va a permitir volver a rehabilitar la acera. Hay que recordar que para transitar la calle tienes que bordear la acera para pasar al otro lado. Lleva años así", dijo.