Las familias canarias quieren que el Archipiélago cuente con una red de atención temprana, pero también que la asistencia que requieren los menores con dificultades en su neurodesarrollo sea gratuita en todo el país y no haya límite de edad (es hasta los tres o los seis en las comunidades que lo ofrecen). Para lograrlo, los padres de las Islas han iniciado una campaña en la que exigen al Ministerio de Sanidad que incorpore estas terapias en la cartera básica de servicios. En menos de una semana han conseguido 10.000 firmas a través de Change.org.
Según los cálculos de las familias, que están trabajando conjuntamente con asociaciones de otras comunidades autónomas, en España hay 170.000 niños que necesitan asistencia de este tipo. Las organizaciones de afectados recuerdan que el Ministerio se comprometió hace meses a incorporar estas terapias en el catálogo de prestaciones, pero todavía no lo ha hecho. Se trata de menores que tienen riesgo de padecer, o padecen, un retraso a la hora de adquirir las habilidades básicas, como andar, hablar o relacionarse con sus semejantes. Los expertos coinciden en que es clave actuar precozmente para evitar que ese retraso se convierta en una deficiencia permanente que los haga adultos dependientes.
El tipo de atención que reciben estos menores es diferente en cada comunidad, pero también varía qué área tiene las competencias. En algunas regiones es responsabilidad de los Servicios Sociales y en otras de Sanidad. Además de estas áreas, también Educación juega un papel importante.
La lucha de los padres canarios por lograr una red de atención temprana en el Archipiélago es una historia que se remonta a años atrás. Muchas de las familias que forman parte del colectivo canario llevaban a sus hijos al Aula de Psicomotricidad de la Universidad.
Este servicio, que surgió hace más de 25 años como un proyecto de investigación, se convirtió en un recurso "oficioso" que los médicos de Atención Primaria recomendaban a los padres. Hace unos años, trabajadores y familias reclamaron financiación para el aula y lograron que la Consejería de Sanidad subvencionará parte del coste, a través de una partida anual de 100.000 euros.
Además de financiar el recurso, el Gobierno creó una comisión en la que desde hace más de un año trabajan las tres consejerías implicadas -Sanidad, Servicios Sociales y Educación- para articular una red de prestaciones en las Islas. Todavía no hay un borrador, pero el Aula de Psicomotricidad ya ha anunciado que cierra este curso por complicaciones en la gestión, que han dificultado el pago de los salarios a los trabajadores. Los padres también han tenido retraso en el abono de las ayudas. Este mes empezaron a recibir las compensaciones previstas por las cuantías abonadas durante el curso pasado.