"Este mal gobierno pone en peligro a las pequeñas empresas del municipio, proveedores a los que se han encargado materiales y servicios sin presupuestar y con los que se han hecho gastos de forma temeraria", afirma Sí se Puede en Güímar. Esta formación añade "la incapacidad manifiesta del gobierno de PP-CC en administrar los fondos públicos, con unos pagos retrasados que amenazan la estabilidad de las pequeñas empresas y ponen en riesgo muchos puestos de trabajo".

Este pronunciamiento se produce en el marco de su crítica al argumentario de la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, ante la jueza del Juzgado número 3 de Güímar, asegurando que "presentó argumentos inconsistentes ante el tribunal" en su defensa por la acusación de prevaricación continuada en el levantamiento de reparos.

Castro declaró en las diligencias previas abiertas en el proceso penal que se sigue por presunto delito continuado de prevaricación administrativa a raíz de denuncias presentadas por PSOE y SSP y según el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

SSP recuerda a la alcaldesa que su denuncia "se basa en los informes desfavorables de la Intervención municipal, que identificó graves infracciones, principalmente en los procedimientos de externalización de servicios u obras, en el incumplimiento de trámites esenciales para las autorizaciones o en la contratación de personal eventual".

Desde la formación ecosocialista se destaca que, "precisamente, la anterior interventora municipal (Ruth Arteaga) tuvo que renunciar a su puesto y cambiar de ayuntamiento debido a las presiones que sufría".