Canarias

Podemos presenta cien enmiendas contra la privatización de Servicios Sociales en las Islas

Santa Cruz de Tenerife, EFE
7/may/18 11:45 AM
eldia.es
CEDIDA

El grupo Podemos en el Parlamento de Canarias ha presentado un centenar de enmiendas al proyecto de Ley de Servicios Sociales con el fin de “cerrar la puerta a la privatización" del sistema público y garantizar el acceso universal a todos los servicios y prestaciones.

Asimismo, se propone un conjunto de enmiendas destinado a asegurar una financiación estable y suficiente del sistema público de servicios sociales, para lo que se pretende que quede anclado a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, informa Podemos en un comunicado.

La formación asegura que, en su redacción original, el proyecto de Ley solo considera como derecho subjetivo a aquellos servicios sociales denominados esenciales y a las prestaciones económicas garantizadas, quedando los servicios sociales no esenciales así como las prestaciones económicas no garantizadas fuera del ámbito de protección derivado de los derechos subjetivos.

Por lo tanto, en las modificaciones presentadas se propone eliminar esta distinción, garantizando así la universalidad en el acceso a los servicios sociales, de modo que todos los servicios y prestaciones que conforman el sistema público de servicios sociales de Canarias tengan la consideración de derechos subjetivos.

Podemos Canarias, que ha elaborado las enmiendas en colaboración con los colectivos y asociaciones vinculadas a la prestación de Servicios Sociales, recuerda que la prestación depende, en última instancia, de los profesionales del sector, por lo que varias modificaciones van encaminadas a que los poderes públicos garanticen las condiciones laborales para evitar situaciones de precariedad laboral que redunden en la calidad de los servicios prestados.

Además pide un contenido mínimo de la cartera de servicios y prestaciones económicas y tecnológicas del sistema público de servicios sociales, claramente identificable en la propia Ley, que garantice “una evaluación continua de su aplicación a la realidad social de Canarias”.