La Laguna
TRIBUNALES

Las defensas de los nueve acusados del caso Corredor pide anular las escuchas

Santa Cruz de Tenerife, EFE
7/may/18 16:05 PM
eldia.es
El empresario Evaristo González Reyes (c), uno de los principales inculpados, que se enfrenta a una solicitud de 16 años de cárcel./Miguel Barreto (EFE)

Las defensas de los nueve acusados por la principal pieza del denominado "caso Corredor" han pedido hoy la anulación de las grabaciones telefónicas, prueba de cargo fundamental en el juicio por varios delitos patrimoniales y de estafa que se ha iniciado hoy en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La fiscal del caso, que pide 16 años de prisión para el principal encausado, el empresario y abogado lagunero Evaristo González Reyes, ha defendido ante el tribunal la licitud de las intervenciones telefónicas y el registro del despacho profesional del encausado.

El tribunal decidirá sobre las cuestiones preliminares antes del 4 de junio, cuando se reanudará el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El caso Corredor se inició en 2010 a raíz de la denuncia de un empresario dedicado al ocio nocturno en La Laguna, cuyo local, según alegaba, quería quedarse González Reyes, quien presuntamente estaba en connivencia con la Policía Local, en un momento en el que el concejal de Seguridad de la ciudad era Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias.

A raíz de la denuncia, y ante indicios de delitos como prevaricación, coacciones, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, se ordenó por la autoridad judicial la intervención de los teléfonos de González Reyes y Clavijo.

Con el devenir de las investigaciones y a partir de las escuchas, el "caso Corredor" dio lugar a tres piezas separadas, una de las cuales, la relativa a los posibles delitos de corrupción, en la que Clavijo llegó a estar imputado, fue archivada porque no había causa.

Las otras dos partes son las relativas a presuntos delitos contra la Seguridad Social, pendiente de juicio, y la pieza principal, relacionada con delitos patrimoniales y de estafa, que es la que se juzga ahora y cuyas intervenciones telefónicas siguen de momento siendo válidas.

Entre las presuntas estafas que la Fiscalía achaca a Evaristo González figura la posible apropiación de terrenos sobre los que se levanta un centro comercial, el cobro irregular de un seguro del incendio de un local, la compra fraudulenta de un vehículo y el reintegro irregular de un billete de avión.

Otra de las acusaciones se refiere a la contratación de un testigo falso para un juicio penal.

Los letrados de Evaristo González y del también acusado Tomás Lorenzo García han pedido la nulidad de las grabaciones, así como del registro efectuado en el despacho profesional, y han denunciado la indefensión de sus clientes por haberse prolongado durante cinco años el secreto de la instrucción.

Las defensas sostienen que el auto que autorizó las escuchas se dictó sin una motivación suficiente, a partir de "hipótesis subjetivas", y remarcan que el auto original no figura en la causa, en la que consta solo una copia reconstruida y sin firma de la magistrada instructora. Asimismo, apuntan que las grabaciones han sido manipuladas.

"Todos los descubrimientos derivados de esas intervenciones son nulos", ha planteado el letrado Nicolás González Cuéllar, defensor de Tomás Lorenzo García, para reclamar la "nulidad radical y absoluta" de las grabaciones.

Santiago Martínez, defensor de Evaristo González, quien debido a su condición de abogado se sentó entre los letrados y no junto al resto de acusados, también ha incidido en que la intervención de las conversaciones telefónicas fue desproporcionada y se realizó sin indicios suficientes que justificasen la vulneración de un derecho fundamental.

Ha recordado que una parte de las conversaciones grabadas ya han sido anuladas judicialmente y ha recalcado que no hay un auto judicial original que las autorice, sino una reconstrucción sin firma del mismo.

La fiscal ha defendido que las grabaciones realizadas entre el 21 de abril y el 21 de noviembre de 2010, que a diferencia de las posteriores no han sido anuladas en la fase de instrucción, son perfectamente válidas y son las que han permitido encontrar pruebas sólidas contra los acusados.

Ha señalado que pese a que el auto judicial original que autorizaba las escuchas "desapareció misteriosamente" del expediente, constaba copia del mismo en el sistema informático, lo que permitió su reconstrucción cumpliendo los requisitos legales.

El auto para intervenir los teléfonos de Evaristo González y Fernando Clavijo se dictó no por meras sospechas, sino por indicios claros de delitos como prevaricación, coacciones, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales, y por ser la única vía disponible para continuar las investigaciones, lo cual es motivación suficiente, ha defendido la fiscal.

La representante de la acusación ha admitido que las investigaciones se iniciaron por unos delitos que luego derivaron a otros, pero por eso hubo piezas separadas, aunque finalmente los relacionados con la corrupción quedaron sobreseídos al anularse esa parte de las grabaciones por la falta de un auto judicial que debía dictar una juez sustituta, ha añadido la fiscal.

Eso no afecta al tramo de las grabaciones en las que se basan las acusaciones para la pieza principal, ha precisado.

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