La Asociación de Escuelas Infantiles Acinte denunció ayer la "indefensión" a la que se ven sometidos los centros para niños de cero a tres años por la "competencia desleal" de los colegios concertados y privados. "La normativa dice que la primera etapa de educación infantil, que es la que ofrecemos nosotras, no se puede romper. Sin embargo, los colegios matriculan a niños de dos años únicamente, lo que no solo es injusto sino que va en contra de la norma", explican fuentes de la asociación.

Las exigencias que deben cumplir las escuelas infantiles varían en función de la edad del niño. La ratio entre profesional y menor es muy reducida entre los bebés, lo que exige un desembolso mayor por parte de estos centros para cumplir con la ley y ofrecer todas las garantías.

Acinte asegura que ha puesto en conocimiento de la Consejería de Educación esta situación, pero lamenta que no se hayan tomado medidas para cambiar esta realidad.

Además, sostiene que muchos centros concertados "coaccionan" a los padres y condicionan la plaza a los tres años a que los hayan inscrito con dos, en una etapa que no ofrecen entera y que no está subvencionada. "No cumplen con la norma y los padres acceden para evitar perder la matrícula el siguiente año".

El colectivo de escuelas infantiles recuerda que los centros privados -la amplia mayoría en Canarias, donde apenas hay centros públicos- cumplen con la normativa establecida por la Consejería de Educación y, en cambio, hay centros públicos que no lo hacen.

En este sentido, Acinte lleva mucho tiempo denunciando que en Canarias "no se tome en serio" la educación y ha instado a la Consejería a exigir que todas las escuelas "alegales" cumplan con el decreto de 2008 que establece su regulación.

A su juicio, la falta de inspección permite que permanezcan abiertas instalaciones que no cumplen con los requisitos -ni de personal ni de espacios- que determina la norma, con lo que no garantizan la seguridad de los menores.

La crisis económica y las nuevas exigencias provocaron el cierre de un número considerable de escuelas infantiles. En Acinte siempre han estado de acuerdo en mejorar sus instalaciones, tal como reguló la normativa de 2008, pero insisten en que esa exigencia debe ser para todos. "Nos tuvimos que adaptar, pero a día de hoy queda un gran número de centros públicos y privados que no lo han hecho. Están en una situación "alegal" que la Consejería de Educación no asume", se queja la organización.