Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento no ha pedido todavía la ejecución provisional de la sentencia de Las Teresitas

Santa Cruz de Tenerife, EFE
11/may/18 18:01 PM
eldia.es
Una sesión del juicio por el caso de Las Teresitas de marzo de 2017./El Día

El portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha cuestionado hoy qué hace el consistorio para cumplir la sentencia del caso de Las Teresitas pues, un año después del fallo de la Audiencia Provincial, no ha pedido su ejecución provisional.

Este requisito es imprescindible para defender los intereses municipales, afirma José Ángel Martín en un comunicado en el que recuerda que en abril de 2017 la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a políticos, funcionarios y empresarios a penas que suman 33 años de prisión por “un plan urdido” que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento.

El consistorio tiene derecho según la sentencia a recibir el dinero pagado con intereses y podría recuperar los terrenos del frente de playa, agrega el portavoz socialista.

Martín considera que debería haberse solicitado la ejecución provisional de la sentencia o, en su caso, el Ayuntamiento tendrá que mostrar los informes en los que se basa la decisión de no solicitarla. Por ello el PSOE llevará a la próxima Comisión de Control lo hecho por el grupo de gobierno en este año, anuncia José Ángel Martín.

A su juicio, la ciudadanía tiene que ser informada del estado en el que se encuentra el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y debe saberse quién es el letrado municipal que en estos momentos lleva el recurso y por qué se decidió confiar en él frente al equipo que defendió los intereses municipales ante la Audiencia Provincial.

Para el PSOE todavía no han quedado claras las razones por las que se decidió el cambio de defensa antes de la vista que debía plantear medidas cautelares.

Además, el portavoz socialista plantea que “es imprescindible saber si se ha hecho alguna averiguación de la solvencia patrimonial de los condenados porque, de lo contrario, es absolutamente injustificable la inacción del Ayuntamiento en cuanto a fijar el dinero que le corresponde”.