El Consejo de Gobierno aprobó cubrir las necesidades urgentes e inaplazables de los puestos de trabajo, funciones o categorías profesionales cuyo desempeño lo requieran para prestar un mejor servicio a la ciudadanía con la contratación excepcional de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, José Miguel Barragán, ha anunciado hoy que si bien en la actualidad se está ejecutando las pruebas selectivas de las ofertas de empleo público vigentes, que abarcan diversos cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de carrera, y se implementan otras medidas que frenan la pérdida de efectivos de los últimos años, esto procesos requieren "un tiempo de ejecución y resolución", lo que exige, por tanto, la "adopción de medidas excepcionales y transitorias que garanticen la cobertura de los servicios".

Por ello, el Ejecutivo ha aprobado la declaración con carácter de prioritario de determinados sectores y puestos de trabajo en los ámbitos de las consejerías de Hacienda; Obras Públicas y Transportes; Presidencia, Justicia e Igualdad; Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; Turismo, Cultura y Deportes; y los institutos canarios de Igualdad y de Calidad Agroalimentaria.

En detalle, este acuerdo permitirá a la Dirección General de Patrimonio y Contratación que supla la falta de personal a fin de poder llevar a cabo sus funciones, especialmente en la Oficina Técnica, ya que está abordando actuaciones prioritarias para las cuales no cuenta con personal suficiente ni cualificado.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto también que la actual dimensión de efectivos de la Dirección General de Transportes no garantiza a medio plazo el correcto ejercicio de sus competencias en las modalidades marítima, terrestre y aérea.

Barragán ha apuntado que debe tenerse en cuenta, además, que la actividad de transporte en una comunidad de carácter insular, que es el caso de Canarias, cobra "una especial relevancia" para su economía.

Además, ha subrayado que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tiene atribuidas, entre otras competencias, la gestión administrativa derivada del derecho de la ciudadanía a la asistencia jurídica gratuita, la ejecución de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la justicia, así como para la implantación de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia y el expediente judicial electrónico, entre otras.

Asimismo, la situación real de efectivos disponibles en la actualidad en la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración competente, entre otras materias, en inmigración, atención a refugiados y atención a personas mayores válidas o no dependientes, resulta necesario de forma excepcional y transitoria permitir la cobertura, mediante vínculo jurídico temporal, de los puestos de trabajo adscritos en la RTP al Servicio de Gestión de Políticas Sociales.

En el ámbito de la Consejería de Agricultura se trata de funciones indisponibles para la Administración Pública o, en su caso, que prestan un apoyo esencial a tales funciones públicas y, por tanto, afectan a su normal funcionamiento, siendo significativo que las competencias ejercidas por ese departamento son una pieza clave en el sector primario de la economía canaria.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento precisa reforzar las funciones que en materia de arbitraje de consumo se realizan a través del Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo, que da soporte a su vez a la Junta Arbitral del Consumo.

Por su parte, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes necesita reforzar el personal que se encarga, entre otras materias, de la emisión de informes previos de los planes insulares de Ordenación e instrumentos de ordenación y planeamiento que contengan determinaciones turísticas, así como de informes sobre los programas y medidas dirigidos a la rehabilitación de la planta alojativa turística, entre otras.

Respecto al Instituto Canario de Igualdad, si bien ya fue declarado sector prioritario la unidad administrativa competente en materia de atención integral a las víctimas de violencia machista, la insuficiencia de recursos humanos ha puesto de manifiesto la necesidad de declarar como sector prioritario el resto de los servicios de este organismo, por cuanto se hace necesario para garantizar la instrucción y resolución de los procedimientos de ayudas en materia de igualdad y de violencia de género.

Sobre el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ha dicho que se hace necesario completar el catálogo de puestos de trabajo que ya han sido declarados de carácter prioritario, a fin de garantizar la correcta prestación de las competencias que tiene asignadas en materia del sector primario de la economía.