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Canarias y el Estado resuelven sus diferencias sobre la Ley del Suelo

El acuerdo entre los gobiernos regional y central evita que las discrepancias lleguen al Constitucional Las competencias sobre el mar eran uno de los motivos del choque.
El Día, S/C de Tenerife
17/may/18 6:35 AM
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Canarias y el Estado resuelven sus diferencias sobre la Ley del Suelo

Los reparos del Gobierno central sobre distintos aspectos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no llegarán al Tribunal Constitucional. La Comunidad Autónoma y el Estado, reunidos en comisión bilateral, han alcanzado un acuerdo por el que consideran "solventadas" las discrepancias que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy había planteado a uno de los proyectos normativos más ambiciosos -y controvertidos- impulsados por el gabinete de Fernando Clavijo.

Las diferencias entre ambas administraciones incluyen asuntos como los parques nacionales; la tramitación de instrumentos territoriales y urbanísticos como las directrices de ordenación, los planes insulares o los planes generales de ordenación de los municipios; los deslindes de bienes situados en dominio público o, incluso, algún "viejo conocido" de las discrepancias habituales de los dos gobiernos, como las competencia sobre el mar.

El acuerdo -publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)- se ha cerrado después de que el Ejecutivo autonómico aceptase que los preceptos objeto de discusión deben interpretarse de acuerdo a la legislación nacional y que ciertas actuaciones son competencia estatal.

Es el caso del "ámbito territorial marino", un concepto que, según la Ley del Suelo, "comprende, dentro de la unidad marítima y terrestre, conformada por el conjunto de las islas, el espacio marítimo interinsular de aguas encerradas dentro del perímetro archipielágico". En este punto, Canarias asume que debe inscribirse en la normativa del Estado y conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, que en varias ocasiones ha ratificado la competencia estatal sobre las aguas canarias.

El acuerdo recoge que la referencia al ámbito territorial marino "ha de considerarse exclusivamente válida respecto de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de espacios naturales protegidos cuando exista continuidad ecológica de un espacio natural terrestre con el espacio marino".

Ambas administraciones también han convenido en que la disposición adicional de la norma autonómica que regula el deslinde en espacios naturales protegidos debe interpretarse de forma acorde a la legislación nacional, entre ellas la Ley de Costas. En este sentido, coinciden en que "el deslinde y recuperación posesoria de los bienes de dominio público marítimo terrestre corresponde en exclusiva al Estado".

En cuanto a la figura del "protector del medio territorial", el Gobierno regional se compromete a realizar "las adaptaciones normativas necesarias" para garantizar su adecuación a la normativa europea y la legislación básica sobre contratación pública.

También en el caso de la iniciativa para elaborar distintas directrices y planes insulares y generales, el acuerdo establece que se interprete "con pleno respeto" a la legislación y las competencias estatales.