La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento de Tacoronte informa de que la asamblea general de empleados públicos del consistorio acordó, a iniciativa de todos los sindicatos (CCOO, CSIF e Intersindical Canaria) con representación en el comité de empresa y en los delegados del personal, solicitar "un cambio en la política de personal" que se inicie con "la destitución al frente de la Concejalía de Recursos Humanos del edil Domingo Castillo Gil (CC)".

Estas demandas de los trabajadores se sustentan en "la situación de incompatibilidad y de conflicto de intereses, ya que, antes de su nombramiento como concejal del área, participó en diferentes procesos como abogado del ayuntamiento en temas que luego está gestionando como concejal de Recursos Humanos. También por su demostrada incapacidad para alcanzar acuerdos colectivos, ya que se encuentra paralizada la negociación del acuerdo colectivo de funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral".

Además, solicitan su destitución por "arbitrariedad en la toma de decisiones, produciendo movilidades y cambios sustanciales de forma forzosa; por el constante menosprecio a las iniciativas y a los órganos paritarios, y su talante de falta de respeto hacia los representantes electos de los empleados públicos, tratando de desprestigiarlos como único mecanismo de defensa ante las denuncias a sus actuaciones".

La asamblea también critica su "mala fe negociadora al tratar de imponer una Relación de Puestos de Trabajos (RPT) sin consensuar los objetivos de tal procedimiento, sin tener como horizonte alcanzar la estabilidad de los puestos de trabajo, sin poder participar en su redacción, sin tener acceso a la documentación que se facilitaba a una empresa externa para su realización. Y por los incumplimientos de las sentencias favorables a los trabajadores".

Esta situación está provocando, según los trabajadores, "la desorganización y el desmantelamiento de los servicios públicos municipales, que se usa como pretexto para acudir con mayor frecuencia a la externalización o privatización de servicios públicos".

En un comunicado la citada sección sindical subraya que "el actual concejal está contaminado de malas prácticas, y la situación que se ha creado solo nos conduce a la tensión social, a la constante judicialización de las relaciones laborales y al conflicto permanente".

"Para darle la vuelta a esta situación, se necesita que el alcalde dé un giro a su política de personal y tenga un compromiso firme para cambiar esta situación. Para ello, solicitamos la sustitución del concejal y abrir una nueva etapa con otro responsable de personal que tenga otro talante y la voluntad sincera de sentarse a dialogar para alcanzar acuerdos para lograr un mejor ambiente de relaciones laborales y sociales, y continuar defendiendo y mejorando la calidad del servicio público", afirman.

El gobierno de CC reitera su confianza en la labor de Castillo

El gobierno municipal de Tacoronte (CC) respondió ayer que reitera su confianza en la labor del concejal Domingo Castillo; que su obligación es "velar por dar el mejor uso a los dineros públicos, que proceden de los impuestos que aportan todos los ciudadanos con muchos sacrificios", y que "la partida dedicada a gastos de personal del ayuntamiento supone el 40% del presupuesto municipal y, por lo tanto, la responsabilidad es enorme a la hora de gestionar esos recursos". El gobierno tacorontero responde que su objetivo es "lograr un mejor aprovechamiento de los medios materiales y humanos del consistorio", y considera que "no cabe hablar de desorganización, sino de cambios en viejas costumbres y estructuras, que buscan la implantación de una nueva mentalidad, donde la calidad en la atención a la ciudadanía y la excelencia en los servicios municipales mejoren cada año". Para el gobierno local, "el concejal Domingo Castillo tiene el perfil académico y profesional más adecuado para dirigir el área de Recursos Humanos. Además de una larga experiencia laboral, cuenta con el apoyo de profesionales externos especializados en la modernización de administraciones públicas". El equipo de gobierno sostiene que "es consciente de que los cambios en viejas estructuras públicas siempre provocan rechazo, ya que suelen ir asociados a la pérdida de privilegios, totalmente injustificados en el contexto social y económico actual".