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Fraude a la Seguridad Social de más de 2,5 millones en Gran Canaria y Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press
18/may/18 14:21 PM
eldia.es
El fraude en Gran Canaria se da en San Bartolomé de Tirajana en establecimientos de hostelería. En la imagen, Playa del Inglés./El Día

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Gran Canaria y Fuerteventura de más de 2,5 millones de euros, siendo los presuntos responsables del delito administradores de mercantiles relacionadas con la hostelería, testaferros o personas de su entorno familiar.

Esta operación se enmarca en una investigación iniciada a principios de 2018 tras el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la propia TGSS, al detectar numerosos casos en los que varios grupos de empresas habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio, y de apropiación indebida de esas asignaciones.

Posteriormente, los agentes tras confirmar la existencia de que estas irregularidades eran delictivas, la Sección de Investigación de la Seguridad Social coordinó un dispositivo policial dentro de la provincia de Las Palmas que afectó a la zona de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y a Puerto del Rosario (Fuerteventura), culminando con la implicación de los investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, aflorando bienes ocultos a través de terceras personas o empresas pantalla, que tenían como fin evitar la ejecución de los bienes localizados, logrando de esta forma que la Tesorería General de la Seguridad Social o el Juzgado puedan solicitar su embargo.

En cuanto a la investigación exponen que la diferente casuística utilizada por los responsables de las empresas investigadas estaba orientada a la ocultación de los bienes y titularidades de las empresas, de tal forma que se quiebran las legítimas expectativas de derechos de cobro por parte de los acreedores, produciendo una situación de insolvencia irreal.

Para ello se valían de la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de la misma.

Asimismo creaban un conglomerado de sociedades denominados 'Grupos de Empresas', constituyéndose una empresa principal "limpia" que ostenta el patrimonio y otras descapitalizadas que complementaban la actividad de aquella mediante la sucesiva transmisión de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra, o incluso a empresarios individuales, impidiendo la localización y traba de los mismos, buscando con ello un solo objetivo, siendo éste el ánimo defraudatorio a la Seguridad Social.

Al respecto, destacan que estas empresas se dedican principalmente a la explotación hotelera, en la que una empresa realiza las labores propias de dicha explotación soportando los gastos propios de la misma --cargas sociales con alta de trabajadores, etc.--, mientras que se utilizan a touroperadores o empresas en las que se utilizan personas del entorno familiar (testaferros) para ocultar los ingresos o beneficios obtenidos de dicha explotación hotelera, evitando y obstaculizando que la TGSS pueda realizar, mediante los mecanismos de recaudación propios que tiene, los cobros de deuda oportunos.

Además exponen que como elementos determinantes de la obstaculización de la acción recaudatoria de la Tesorería General, los implicados han utilizado diferentes ardides para traspasar la carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, "utilizando siempre, pese a los cambios de nomenclatura de las sociedades, los mismos centros de trabajo y medios de producción".

Por último, indican que aún conociendo la deuda, no solicitaron aplazamiento alguno del pago, ni se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a la regularización de la situación de las mercantiles deudoras. Añaden que incluso con una actitud obstructiva ante las reclamaciones de comparecencia o de personación ante los organismos citados, el administrador "no mostró actitud colaboradora, ni atendió a las reclamaciones".

A ello agregan que mientras permanecía en esta aparente situación de insolvencia, las empresas mantenían de alta a trabajadores en el sistema de Seguridad Social, continuando la mercantil con la consiguiente actividad y la percepción de ingresos en metálico, "pudiendo evadir fácilmente" el embargo de los ingresos al realizarse los pagos en efectivo.

Finalmente destacan la gran colaboración obtenida de la Tesorería General de la Seguridad Social, "sin la cual la labor de detección y aporte de indicios y pruebas documentales se haría más complicada y tediosa".