Criterios
PEDRO RÍOS*

Las urgencias del servicio de ambulancias

18/may/18 6:34 AM
Edición impresa

En las últimas semanas, hemos asistido a una nueva oleada de denuncias del colectivo de trabajadores y trabajadoras de ambulancias, de diferentes empresas y en varias comunidades autónomas. Un colectivo de más de 22.000 trabajadores, repartidos en 350 pymes, que atiende a pacientes con patologías diversas, algunas extremadamente graves, como las enfermedades infectocontagiosas, accidentes, pacientes con problemas psíquicos, etc.

Algunas de sus reivindicaciones son las jornadas interminables y agotadoras a las que están sujetos; los contratos precarios con pésimos salarios; falta de medios en la prevención de riesgos laborales; vehículos en mal estado mecánico, escasos y con falta total de productos de desinfección; ausencia de rampas para usuarios con limitaciones; anclajes defectuosos para las sillas de ruedas y, así, una larga lista de deficiencias que agudizan la situación.

Cabe recordar que estas empresas operan tras haberles sido adjudicada una concesión administrativa con base en unos pliegos, en los que se establecen las condiciones del servicio, así como las del personal adscrito al mismo; todo ello, por supuesto, bien regado con dinero público o, lo que es lo mismo, a través de los impuestos de los contribuyentes. Más de 100 adjudicaciones que en cada comunidad autónoma funcionan de una forma completamente diferente.

Es por ello que los ciudadanos deben conocer la situación, toda vez que, a la postre, esas anomalías repercutirán en la asistencia que recibamos. Servicio que podría ser aún peor si no fuera porque cuenta con grandísimos profesionales, como he podido comprobar a través de mi trato con ellos en los conflictos sufridos.

Un servicio como el traslado de enfermos no debe estar en manos de empresas que como primer, y en ocasiones único, objetivo, tienen el económico, donde todo o casi todo vale para incrementar las ratios de productividad, sin importar que la mercancía en este caso sean personas y no latas de conserva.

Todo ello con la anuencia de una administración que, a través de concesiones de este tipo, hace dejación de sus funciones para con los ciudadanos, toda vez que, a pesar de existir cláusulas para garantizar el buen funcionamiento, no pone en marcha los mecanismos de control previstos, para exigir el cumplimiento de los pliegos de condiciones.

Una administración que adjudica en ocasiones el servicio al mejor postor, a sabiendas de que, a la vista de ese importe, va a ser difícil, por no decir imposible, su ejecución.

Una administración que sigue dando concesiones a empresas y empresarios teniendo conocimiento de que sobre los mismos existen multitud de denuncias por graves y sistemáticos incumplimientos laborales.

Una administración que, a pesar de todo lo anterior, retrasa la toma de decisiones para sancionar o, en último lugar, retirar la adjudicación a empresas que no están a la altura de las circunstancias.

Por todo ello, queda clara la justicia de las reivindicaciones de los trabajadores del colectivo de ambulancias, y quiénes son los responsables de que tanto trabajadores del sector, como los ciudadanos en general, sufran las consecuencias derivadas de las nefastas adjudicaciones.

*Secretario general de la Federación de Servicios de la USO

PEDRO RÍOS*