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Planificación pide "no abusar del Derecho" para evitar el desarrollo

El consejero del área, Gonzalo Pascual, dice que le preocupa la "inseguridad que se quiere transmitir" a los posibles inversores.
El Día, S/C de La Palma
18/may/18 6:35 AM
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Gonzalo Pascual avisa de que la ausencia de desarrollo de la isla no es sostenible./El Día

La Palma se encuentra en un momento determinante para lograr desarrollo económico ofreciendo seguridad jurídica a los promotores, principalmente con la aprobación de leyes y normativas que favorezcan el fortalecimiento del sector turístico con una mayor oferta, pero el anuncio de ecologistas y grupos políticos como Podemos, Sí se Puede o Izquierda Unida Canaria de judicializar proyectos considerados de interés general, en concreto suman 21, preocupa en el seno del Cabildo de La Palma por la posible ralentización que los litigios que decidan abrirse provoque en las inversiones.

El consejero insular de Planificación, Gonzalo Pascual, reconoció ayer a esta redacción que "me preocupa la inseguridad que se pretende transmitir a los posibles inversores tanto de la Isla como foráneos", promotores que "una vez tramitados sus proyectos acorde a una ley (Islas Verdes) refrendada por el Tribunal Constitucional, pueden materializar con las máximas garantías sus proyectos generadores de empleo".

Pascual afirma que "lo correcto" a su juicio es que "una vez que el TC ha respaldado" la conocida como Ley de las Islas Verdes "se debería abandonar un posible abuso del Derecho para perjudicar a terceros de buena fe" y, de camino, al desarrollo económico de La Palma.

El consejero socialista hace hincapié en que "se han vertido declaraciones en medios de comunicación que no se ajustan a la realidad", en referencia, aunque sin nombrarlos, a las manifestaciones de ecologistas y grupos políticos de izquierdas, "transmitiendo una idea desvirtuada de lo que es un instrumento de Planificación Singular Turística y su modo de aprobación".

A propósito, Gonzalo Pascual sostiene que "se ha tratado de confundir y asimilar la disposición adicional segunda con la aprobación directa de proyectos, cuando la realidad es que lo que hacía era declararlos de interés insular, no aprobar su ejecución". Y es que la ley, desde sus orígenes, "preveía el trámite de consultas a administraciones, participación pública y evaluación ambiental acorde a todas las normativas existentes, tal y como lo solicitó el Cabildo de La Palma en la iniciativa legislativa presentada".

Recordó que es el Cabildo de La Palma "el impulsor de esta norma y de forma consciente exigió que se tramitara con el informe de conformidad del municipio donde se encontraría cada actuación, la participación de la ciudadanía y el trámite ambiental". Quiso lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: "La institución insular es la primera interesada en que las actuaciones en su territorio sean sostenibles. Sin embargo, la ausencia de desarrollo no es sostenible en nuestra Isla".

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