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Costanera, ¿otro Varadero?

El alcalde de El Rosario destapó el jueves presuntas ilegalidades del anterior gobierno municipal en el convenio urbanístico de Costanera. Aquí las principales claves de lo ocurrido.
Domingo Ramos
10/jun/18 6:33 AM
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Costanera, ¿otro Varadero?

C ostanera, una urbanización ubicada junto a la autopista del Sur y atalaya privilegiada del litoral de El Rosario, se encuentra desde el pasado jueves bajo sospecha. Las críticas del Partido Socialista (PSOE) ante supuestas carencias del parque infantil de este enclave han llevado a que se destapen detalles hasta ahora desconocidos del convenio urbanístico que allí aceptó el anterior gobierno local. Todo se desencadenó en lo que, aparentemente, era el "tiempo de descuento" de un pleno.

El actual alcalde, Escolástico Gil, respondió a las quejas del concejal Álvaro Meneses -de la rama del PSOE que no forma parte del pacto, en la que también se encuentra José Antonio Estévez, secretario general de la formación en el municipio- sobre el espacio de juego y, a continuación, tomó carrerilla en la exposición de unos hechos que descubrió en los últimos días al acudir al expediente debido a aquella pregunta plenaria. El regidor rosariero, avanzada su alocución, arrastró la silla hacia atrás, se inclinó y sacó de debajo de la mesa una fotografía en cartón pluma con la ladera de Costanera. Sin dejar de mostrar la imagen a los presentes, exclamó que allí no cabía ningún uso de carácter urbanístico. "Esto es un escándalo mayúsculo (...); no sé si está prescrito o no, pero aquí hay tomate", añadió.

Esa montaña era el nudo gordiano del relato que realizó Gil, que, en concreto, ha dado con dos informes de relevancia. Uno, de 2008, de Intervención, el órgano encargado de la fiscalización del gasto económico del ayuntamiento; otro, de 2012, de la técnico de administración general Elizabeth Hayek. En esencia, estos recogen que el consistorio tenía que percibir el 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito (1.109 metros cuadrados) y, sin embargo, acabó aceptando otro acuerdo. En primer lugar, recibió una zona verde de 340 metros. El resto -769 metros- estaba valorado en algo menos de 420.000 euros, y los responsables municipales de la época le dieron el visto bueno a que les entregasen por esa cuantía 119.000 metros, pero de suelo rústico con protección natural de ladera y arqueológica, y con un valor del metro de apenas 3,1 euros. Se suman a lo anterior 50.000 euros por la "actualización de los valores de mercado".

El referido informe de la funcionaria -desoído por el consistorio- resuelve denegar la aprobación definitiva del convenio, "habida cuenta de que su contenido incumple de forma flagrante normas imperativas legales". Además, apunta que aquello "implicaría un acto administrativo nulo de pleno derecho".

El documento anterior, fechado el 25 de enero de 2012, alude también a un informe negativo que redactó una semana antes el arquitecto municipal, debido al "incumplimiento de los parámetros establecidos legalmente". Asimismo, la propuesta de resolución del texto de Hayek exige que Gestur Tenerife cediese al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico "en la forma legalmente establecida". Y es que el ordenamiento jurídico fija que esos derechos a favor de la administración cuentan con un carácter irrenunciable y unas condiciones. Es decir, aquel peregrino intercambio (en un símil automovilístico, como permutar un coche de alta gama por una ingente cantidad de chatarra equivalente al precio del vehículo) era, más allá de eso, y según argumenta la técnico municipal, ilegal por no tratarse de suelo edificable o dinero.

El interventor que en 2008 expresó dudas sobre la operación es el mismo que desempeña actualmente esa responsabilidad. En el pleno del jueves tomó la palabra para exponer que antes de su informe no había ningún otro, lo que llevó a que su elaboración fuese de "magna dificultad". "Tenían que dar 1.100 metros cuadrados edificables y ni dieron eso ni el dinero", recalcó sobre la posición mantenida en su escrito.

Estas novedades llevaron a que el PSOE -que gobernaba entonces- convocase en la noche del viernes una reunión urgente. Ayer remitieron un comunicado de la Ejecutiva local en el que esta "manifiesta y exige al actual gobierno municipal que saque a la luz y ponga en conocimiento público cualquier otro indicio o irregularidad administrativa (...) para que el PSOE pueda valorar, acordar y tomar las necesarias medidas". Desde esta organización política también cargaron contra Escolástico Gil y el concejal Jacinto Correa (IR-Verdes), de quienes dijeron que pertenecieron a la formación de la rosa y que son "partícipes de muchas decisiones del pasado que hoy en día critican".

Por su parte, el alcalde señalaba anteayer que analizará a fondo con los técnicos los pasos a seguir. "¿Por qué se cambiaron los 1.109 metros por una ladera?", preguntó retóricamente en el pleno el mismo político que denunció el Varadero, el procedimiento judicial en torno a otro núcleo de la costa rosariera que terminó con su antecesor, Macario Benítez; la exconcejala Ana Lupe Mora, y la exsecretaria municipal condenados. Un caso de prevaricación urbanística que hoy vuelve a la memoria.