A las 10:58 minutos (casi una hora después de lo previsto) de ayer comenzaron a salir del edificio Óliver, situado en San Isidro, los okupas que se habían atrincherado en el mismo, bloqueando el acceso con mobiliario, ante la ejecución de la tercera orden judicial de desahucio del inmueble propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -comúnmente, el banco malo-. A esa hora, la Guardia Civil rompió la barrera y fue cuando unas 40 personas, de varias nacionalidades y que forman 17 familias, abandonaron pacíficamente el edificio en el que el residente más antiguo llevaba cinco años y medio, según los afectados.
Se trata de desempleados o personas con escasos recursos económicos que ocuparon las viviendas de forma ilegal, habiendo logrado paralizar el desahucio en dos ocasiones. Durante la mañana, los vecinos fueron retirando sus pertenencias de un inmueble que carecía de suministro de agua y de luz.
La Sareb ofreció el realojo a cuatro de las familias desde ayer hasta el próximo día 22, mientras que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona informó de que de las 17 familias afectadas, siete son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad por no contar con los recursos económicos, ser familias con menores y personas mayores, entre otros motivos. A estas "se les ha buscado una alternativa de realojamiento en viviendas y en centros. Desde el área de Servicios Sociales se ha atendido y se ha actuado desde el primer momento y se han mantenido reuniones, tanto entre las administraciones supramunicipales como con los afectados, en aras de dar respuesta a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad".
Algunas de las personas afectadas se trasladaron a casa de amistades y otras optaron por mantener su condición de okupas iniciando la búsqueda en otros municipios, incluido el norte de la Isla.
Una de las quejas de los desalojados es que se les impidió empadronarse en Granadilla de Abona, asegurando que llegaron a pagar (tres o cuatro euros por familia) la solicitud correspondiente. De hecho, hay menores empadronados en las casas de amistades para poder ser escolarizados, afirmaron. Explicaron que equiparon las viviendas reciclando lo que recogían de la basura y de la chatarra y manifestaron que la solución para ellos no está en el mercado actual del alquiler (con precios muy altos, "como 500 euros por una habitación"), sino "en el alquiler social", que es lo que demandan.
Desde el ayuntamiento se informa de que, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, junto con el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, se ha venido trabajando desde el pasado mes de febrero con estas familias.
En San Isidro hay 14 edificios con 750 familias ocupándolos indebidamente, según la Plataforma Montaña Clara.
GRANADILLA DE ABONA