El abogado Alfredo Briganty, uno de los seis acusados en el caso Eólico, ha sido detenido hoy en Marbella (Málaga) por la Policía Nacional en cumplimiento de la orden de busca y captura dictada ayer por el magistrado Pedro Herrera.

El juez cursó ayer la orden de busca y captura y detención de Briganty después de que éste no se presentase en la primera sesión del juicio por este caso, en el que el abogado grancanario se enfrenta a una solicitud de condena de año y medio de cárcel por un presunto delito de cohecho.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Alfredo Briganty está confinado en dependencias policiales de Marbella a la espera de ser trasladado a Las Palmas.

La Audiencia de Las Palmas decidió suspender hasta el próximo viernes el comienzo del juicio de "caso Eólico" ante la ausencia de Alfredo Briganty, cuya inasestencia además provocó que no se pudiese constituir el jurado ya que el acusado se representa a sí mismo como abogado y al ley establece que es obligatoria la asistencia de las defensas para la formación del jurado popular.

El magistrado anunció ayer que iba a proceder a la apertura de un expediente disciplinario proponiendo que se le imponga una sanción de 18.000 euros, la máxima prevista para infracciones leves, que pueden ser castigadas con hasta tres meses de multa, aunque especificó que antes de que el tribunal decida la multa habrá que oir al interesado.

Alfredo Briganty se enfrenta a una solicitud de condena de año y medio de cárcel por un delito de cohecho, acusado de haber sobornado hace 14 años al entonces director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, para obtener ventajas en el concurso de asignación de parques eólicos.

Este caso enjuicia una trama de altos cargos del Gobierno canario y empresarios de la energía por presuntamente amañar el concurso eólico de las islas de 2004 a cambio de sobornos.

El principal acusado es Celso Perdomo, para quien piden siete años de cárcel y once de inhabilitación por un delito continuado de cohecho, otro de violación de secretos y un tercero de malversación de fondos públicos.