El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife suspende cautelarmente la ejecución del cierre del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, "teniendo en cuenta que está funcionando la antigua estación depuradora rehabilitada y mejorada, hasta la puesta en marcha de la nueva Etari, ya proyectada". Consecuentemente, mantiene operativo el complejo industrial del sureste de la Isla.
En un auto emitido ayer, el juez ordena a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) a continuar con las obras necesarias para obtener la autorización administrativa de vertido al mar y la concesión de la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre. Además, obliga a los consistorios a mantener actualizado el censo de vertidos y a ejercer el debido control, cerrando desagües de vertidos individuales de empresas o barrios cuando corresponda.
El juez considera que desde el 13 de junio de 2017, día en el que concedió nueve meses para resolver la situación de ilegalidad de los vertidos y del emisario, los progresos en la aplicación de dicha sentencia son evidentes.
Jorge Riestra Sierra resalta la capacidad de coordinación y actuación de las cuatro administraciones y destaca el Plan de Etapas presentado por el Ciatf, por el que la próxima semana concluye el plazo para la emisión del informe de impacto ambiental, en octubre finaliza el procedimiento de la autorización de vertidos al mar y de la concesión de la ocupación de dominio público para iniciar las obras del emisario, de noviembre a abril de 2019 será licitada la Estación de Tratamiento de Agua Residual Industrial (Etari) y en mayo comenzará su construcción hasta concluirla en septiembre de 2020, entrando en funcionamiento un mes después.
Su señoría considera probado que la calidad de las aguas del entorno del Polígono Industrial no está afectada, llegando a ser excelente en las playas de La Viuda y El Socorro. Al tiempo, tiene en cuenta la afección de intereses públicos en el caso de cierre del complejo porque afectaría a 3.000 empleos en 250 empresas, repercutiendo en los ingresos de la Seguridad Social y en una comunidad autónoma "cuyos niveles de paro están por encima de la media nacional".
"De una situación descontrolada y de abandono se ha pasado a una de control de vertidos, tratamiento y legalización, con mejora de la situación medioambiental", refleja el auto de ayer.