La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) indica que en estos momentos los detenidos por la celebración de peleas de perros en Tenerife están imputados por conformar una organización criminal implantada en distintos puntos de territorio nacional, maltrato animal y blanqueo de dinero por esta actividad. No obstante, el Supremo también ratifica que se está investigando en otros lugares, como Murcia, un posible delito de tráfico de drogas y sus correspondientes intentos de legalización de dinero y otro de tenencia ilícita de armas.
Las pesquisas desarrolladas en Madrid, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Tenerife sacaron a la luz la existencia de una agrupación de dos o más personas de carácter estable que, de forma concertada y coordinada, se repartían las tareas de organización de estas peleas con apuestas, cría y entrenamiento de canes. La acusación de maltrato vendría dada por la lamentable situación de los animales encontrados, tal y como viene recogido en un "oportuno" reportaje elaborado por la Policía Judicial.
Los magistrados del Juzgado de Torrejón de Ardoz pusieron en conocimiento del TS "múltiples diligencias de investigación", como son "abundantes" conversaciones telefónicas, hallazgos de animales en mal estado, medicinas y aparatos o lugares de entrenamiento en la práctica totalidad de las entradas y registros efectuados. Estas diligencias permitieron frustrar "un campeonato" a nivel nacional que se estaba intentando organizar.
Sin embargo, lo que no se ha podido demostrar aún es que el posible tráfico de drogas y el consecuente blanqueo de capitales por esta actividad sea generalizado, de manera que estos supuestos delitos deberán ser investigados de forma separada en cada uno de los puntos en los que se intervinieron las sustancias. En uno de los casos también se sospecha de un posible cargo por tenencia ilícita de armas.
Desde el Supremo se apunta que del futuro resultado de las pesquisas se determinará las posibles imputaciones o absolución de los distintos investigados. En el caso de uno de los procesados en Murcia se sospecha que pudo adquirir una finca con dinero proveniente del tráfico de drogas, lo que deberá ser concretado por el Juzgado de esta localidad.