El Cabildo de Tenerife va a realizar un estudio sobre la movilidad de los pacientes y trabajadores que se desplazan desde la zona norte hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Una vez obtenidos y analizados estos datos, la corporación insular tratará de adecuar la oferta del servicio de transporte público a las necesidades de los usuarios y trabajadores del centro hospitalario.

Esta es una de las novedades que se incluyen en el protocolo de actuación para reducir el número de desplazamientos de pacientes del área norte a la zona metropolitana, que se puso en marcha ayer, tras ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los firmantes de este acuerdo, que incluye, además de la corporación insular, al Servicio Canario de la Salud (SCS) e Imetisa, esperan que, al acercar las prestaciones sanitarias a la zona de residencia de los pacientes, se pueda disminuir la afluencia de vehículos en "uno de los tramos viarios más congestionados de la isla de Tenerife": la TF-5.

Lo harán, como habían anunciado anteriormente, posibilitando "la realización de las pruebas analíticas y diagnosis en los CAEs de La Orotava, Puerto de la Cruz y Hospital del Norte". El objetivo es poner estos servicios en marcha durante la mayor franja horario posible, en el marco de un programa para trasladar las extracciones de sangre y consultas externas desde el HUC a estos centros.

Para garantizar este trabajo, el documento afirma que el SCS "dispone del personal necesario para la adecuada e inmediata entrada en funcionamiento de los equipos de analítica y diagnosis".

Con la publicación de esta resolución, tanto el Cabildo como el SCS dejan constancia por escrito de un acuerdo al que ya habían llegado el pasado 10 de mayo. No obstante, dicho documento deja claro que no se trata de un "convenio" y solo tiene carácter administrativo, así que tanto el Cabildo, como el SCS e Imetisa quedan sujetos "a la jurisdicción contencioso-administrativa" para la resolución de cualquier conflicto.

Por último, a raíz de este acuerdo se constituirá una comisión de seguimiento que se encargará, entre otras cosas, de evaluar los informes trimestrales sobre los desplazamientos que se han evitado, editados por el SCS.