Sucesos
EL FALSO JEFE "CONSEGUIDOR" DEL CNI

La Fiscalía pide tres años de cárcel al "Pequeño Nicolás canario"

El Ministerio Público solicita que Santiago Jesús G. V. indemnice con más de 49.000 euros a un informático a quien prometió un puesto en el Centro Nacional de Inteligencia.
El Día, S/C de Tenerife
8/jul/18 6:50 AM
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La Fiscalía pide tres años de cárcel al "Pequeño Nicolás canario"

Un alto cargo en importantes instituciones del Estado o Canarias que presuntamente ofrecía lo más preciado en aquel momento para los ahora afectados: un buen puesto de trabajo muy bien remunerado, resolver un serio problema laboral en el Ejército o un empleo en la administración canaria. Pero ninguna de las víctimas logró su objetivo tras abonar diferentes cantidades de dinero.

El Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral en un Juzgado de lo Penal y que se imponga una condena de tres años de prisión a Santiago Jesús G.V., conocido en los últimos años como el "Pequeño Nicolás canario", como presunto autor de un delito continuado de estafa a dos ciudadanos de Tenerife. Y plantea el sobreseimiento provisional sobre las acusaciones realizadas por otros dos hombres y una mujer por falta de suficientes pruebas.

Para la fiscal, el procesado debe indemnizar a uno de los perjudicados con más de 49.000 euros y a otro, con 600 euros, según el documento al que tuvo acceso EL DÍA.

La acusación reclama diez años de cárcel para Santiago Jesús (seis por estafa, dos por usurpación de funciones públicas y otros dos por falsedad en documento privado) y que indemnice con 82.500 euros a cinco personas, entre las que están un informático y su esposa, así como otros tres ciudadanos que trabajaron para el partido Juntos por Canarias.

En su escrito de acusación, la representante de la Fiscalía asegura que, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y financiación para la citada formación política, el acusado se identificó como coordinador del 1-1-2 en Canarias, subjefe de Seguridad del Estado y director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Con esas credenciales entabló amistad con un experto informático y se comprometió a impulsar los proyectos profesionales del mismo. Le ofreció un puesto de trabajo como agente del CNI que no existía. Por esa falsa promesa, el profesional dejó su actividad laboral como analista de nuevas tecnologías y se creyó que dicho empleo en el Centro Nacional de Inteligencia dependía de la aportación económica que realizara a la citada formación política, según el Ministerio Público.

Además, le convenció de que la Agencia Tributaria le devolvería, a través del Impuesto de la Renta, el 75 por ciento del dinero donado al partido. El informático efectuó dos ingresos en efectivo por 500 y 550 euros, así como tres transferencias por 21.000, 6.000 y 21.000 euros en una cuenta bancaria. En el escrito de la Fiscalía se manifiesta que, como consecuencia de tales hechos, el experto informático se quedó en situación de desempleo y sin la totalidad de la liquidación que obtuvo tras dejar su trabajo, pues la destinó a las citadas transferencias.

Con el mismo ánimo y fingiendo tener contactos dentro del Ministerio de Defensa, según la fiscal, le ofreció al soldado Agustín Fariña mediar por él en un conflicto que mantenía con las Fuerzas Armadas y haciéndole creer que estaba efectuando las gestiones para solucionar dicho problema, en agosto de 2016 le pidió que le entregara 600 euros. Supuestamente dicha cantidad de dinero estaba destinada a efectuar un viaje a Madrid para cerrar el acuerdo sobre la situación de Fariña. Sin embargo, según el escrito del Ministerio Público, Santiago Jesús G.V. no llevó a cabo tal viaje ni gestión alguna sobre el referido asunto. Y tampoco devolvió el dinero. A juicio de la fiscal, sobre la responsabilidad civil con ambas personas responderá subsidiariamente el partido Juntos por Canarias, cuyo representante legal era el acusado en el momento de los hechos.

La acusación particular, ejercida por el abogado Alberto Bacallado Bethencourt, plantea un escrito en el que coincide en la descripción de los hechos con la Fiscalía sobre el caso del experto informático. En dicho documento se manifiesta que dicho afectado dejó su trabajo en una compañía industrial de la capital tinerfeña "por engaño de don Santiago, con la finalidad de trabajar para el partido y para el CNI", por lo que dicho fraude "lo dejó sin las mencionadas cantidades y sin trabajo". En el momento de plantear el escrito, tanto esta víctima como su esposa se hallan desempleados, con escasos recursos económicos, tienen una hija muy pequeña, una hipoteca y otros gastos importantes que afrontar.

En el escrito de la acusación particular de cinco de los supuestos afectados se plantea que don Santiago Jesús G.V. hizo creer a otros dos hombres y una mujer que, en su condición de presidente del partido Juntos por Canarias, ostentaba un cargo en el Gobierno autónomo, era miembro del Parlamento, coordinador del 1-1-2 y que, en "uso de sus contactos e influencias, les iba a conseguir un contrato en alguna consejería" del Ejecutivo. Basándose en dicho documento de la acusación, esas personas firmaron tres supuestos contratos, que fueron metidos en un sobre, con el engaño de que iban a ser enviados al líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que no tiene absolutamente nada que ver con el acusado y nunca participó de la estafa. Con esa argucia les convenció para que trabajaran para su partido a jornada completa durante varios meses sin recibir remuneración alguna, según la acusación particular. Uno de los denunciantes, según consta en el citado escrito, pagó con su dinero una campaña electoral en un municipio del Norte de Tenerife. Al parecer, los recursos fueron destinados a transporte, publicidad y comidas.

EL FALSO JEFE "CONSEGUIDOR" DEL CNI