El Ayuntamiento de El Rosario acordó ayer en una sesión plenaria extraordinaria la ordenación de las contribuciones especiales -que deberán abonar cada uno de los propietarios- de las parcelas ubicadas en el polígono industrial El Chorrillo-San Isidro (La Campana) para sufragar su parte correspondiente en el proyecto de reforma de este enclave industrial. Este importante punto, con el que se da vía libre al Cabildo para que inicie el proceso de licitación de la obra, salió adelante con los votos favorables de IR-Verdes, los tres concejales del PSOE en el gobierno, SsP, PP y Cs, mientras que dos ediles del PSOE y VxR se abstuvieron.

El alcalde, Escolástico Gil, subrayó la "magna importancia" de este acuerdo para proseguir con un proyecto que "llevará aparejada una inversión de 13,6 millones de euros para resolver un problema histórico, no solo para el municipio, sino también para el resto del área metropolitana".

En declaraciones a este periódico al término del pleno, el concejal José Antonio Estévez, que también es el secretario general local de la formación de la rosa, explicó que tanto él como su compañero Álvaro Meneses se abstuvieron al entender el polígono industrial de una "forma diferente". "No estamos de acuerdo con cómo se han llevado las negociaciones; a la oposición se nos ha dejado en todo momento fuera de ellas", manifestó.

En concreto, los 107 titulares de las parcelas ubicadas en el polígono industrial San Isidro-El Chorrillo (La Campana) harán frente a un 9% del coste total del proyecto de reforma, que ejecutará el Cabildo y que también está cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias del Gobierno de Canarias, por la institución insular y el consistorio rosariero.

Durante el período de exposición pública de las cuotas de reparto de las contribuciones especiales solo fueron presentadas tres alegaciones (una estimada y dos desestimadas).

Los empresarios del polígono cofinanciarán la obra, a través de contribuciones especiales, con algo más de 1,2 millones euros, repartidos en función de los coeficientes asignados según los metros de superficie de sus parcelas, que oscilan entre el 0,002% y el 5,93%.

Por otra parte, se le dio luz verde a la delegación a la Junta de Gobierno local de la aprobación de proyectos de obras y servicios -cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos- la adopción de acuerdos en materia de expropiación y el establecimiento de los precios públicos. El concejal del PP, Juan Carlos Martínez, expresó su disconformidad con esta medida adoptada ayer.