La Plataforma de Presos de Tenerife mantuvo la pasada semana un primer encuentro con el diputado del Común, Rafael Yanes, y en la mañana de ayer los representantes del colectivo le entregaron una serie de quejas vinculadas a la administración y funcionamiento del centro penitenciario Tenerife II. Entre las quejas planteadas ayer figura una "cunda" (traslado de presos hasta otra cárcel) por las obras de reforma que se realizan en el módulo 4 de Tenerife II. La Plataforma denuncia que entre los internos trasladados figuran varios que tienen arraigo familiar en la Isla (esposa, padres o hijos) a Gran Canaria y la Península, y recuerdan que en la legislación se establece la necesidad de respetar dicha circunstancia a la hora de realizar esos cambios de cárcel.

La organización solicita una profunda investigación "sobre lo que sucede" en la mencionada prisión y que los responsables de dichos problemas asuman sus responsabilidades. Además, reclaman que se aparte a la directora de la cárcel de dicho cargo.

Una de las demandas de Presos de Tenerife es conocer el número de fallecimientos que han ocurrido en los últimos años en dicho recinto, así como las causas de esas muertes. La entidad reclama la adopción de medidas para que no ocurran tales sucesos, así como prevenir los intentos de suicidio.

La Plataforma recuerda que, cuando llegan los fines de semana, a los internos que requieren de medicación se les deja junta la que deben ingerir viernes, sábado y domingo, ya que, supuestamente por falta de personal, no se les puede suministrar diariamente.

En el texto se asegura que en la citada prisión hay septuagenarios, enfermos terminales, pacientes con enfermedades muy graves o con problemas de salud mental. La plataforma señala que la cárcel no es el lugar adecuado para que terminen de cumplir sus condenas, por lo que se debería habilitar un centro apropiado para ellos.

Además, el documento incluye que en la cárcel de El Rosario se emiten informes que no se ajustan a la realidad, se extravían documentos o hay retrasos en los papeles solicitados por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

Tales demandas ya se han planteado por escrito ante la Dirección del propio centro, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Además, exponen el caso de un interno, con una pena de dos años, al que se le denegó una salida de unas pocas horas para acudir al entierro de su padre con medidas de seguridad, mientras a otro, condenado a ocho años, se le autoriza salir a una boda durante 24 horas sin control alguno.

Los portavoces del colectivo piden que se estudie por qué los timbres de las celdas están tapados y se preguntan si los presos tienen miedo de tocar los mismos por la supuesta reacción violenta de los funcionarios si deben acudir por estas alertas.