El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, ha confirmado que su grupo apoyará la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos porque, según ha asegurado, el Ejecutivo se ha comprometido a aprovechar la posterior tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Memoria para añadir la anulación de las condenas políticas de la dictadura.

En declaraciones en Ripollet, Tardà ha recordado que desde el primer momento ERC condicionó su voto sobre el decreto de la exhumación de Franco a que se garantizase, antes del término de la legislatura, la anulación de los tribunales del franquismo y sus sentencias.

La ley de 2007 declaró ilegítimos estos tribunales y sus condenas, pero no dio el paso de anularlas y eso fue uno de los argumentos esgrimidos por ERC para no apoyar la norma del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este punto tampoco ha sido incluido en el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, pero el Gobierno sí ha prometido que el texto será tramitado después como proyecto de ley en el Congreso, abriendo así la puerta a introducir otras modificaciones en la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Tardà ha hablado este viernes con la vicepresidenta Carmen Calvo y, según ha asegurado, el Gobierno se ha comprometido a formalizar la anulación en el trámite parlamentario del decreto como proyecto de ley. "Lo celebramos --ha dicho--. Nunca es tarde".

A su juicio, la fórmula del decreto para abrir el debate de la reforma de la Ley de Memoria es muy positiva y, no sólo permitirá concretar la anulación de los juicios, sino también introducir otros asuntos. Tardà ya ha anticipado su idea de que el Estado asuma su responsabilidad en la deportación de españoles a campos de concentración nazis.

Eso sí, Tardà espera que el Ejecutivo socialista "no vuelva a decir aquello que luego no hace". "En 2004 la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reconoció en el Fossar de la Pedrera (Barcelona), al lado del presidente Pasqual Maragall, que anularían las sentencias y luego la ley de 2007 no lo contempló", ha recordado.