La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha garantizado hoy el compromiso "inquebrantable" del Ministerio Público frente a la corrupción y ha prometido trabajar para dar una respuesta "rigurosa y con determinación" a un fenómeno que amenaza con "demoler" la confianza en las instituciones.

En su discurso durante la apertura del año judicial, Segarra ha dedicado un apartado específico a la lucha contra la corrupción, que pone en riesgo, ha dicho, el contrato social en el que se basa el modelo de convivencia.

En 2017 se incrementó en un 16 % el número de procedimientos judiciales incoados en esta materia y aumentaron un 14 % las sentencias condenatorias.

Ha reconocido así el trabajo de los fiscales "en la siempre inacabada labor de ofrecer una respuesta rigurosa y con determinación frente a quienes se aprovechan de su condición de servidores públicos para servirse a sí mismos, procurando recuperar el dinero de todos".

En materia de violencia de género, ha apostado por hacer "el máximo esfuerzo" para visibilizar este problema y por reforzar la formación en esta materia para que cada víctima reciba una respuesta adecuada.

Segarra ha mostrado además su preocupación por el "inquietante mantenimiento de la tendencia al alza de la violencia familiar cometida por menores" y de la incidencia de delitos sexuales unidos al uso inadecuado de redes sociales.

En el marco de la criminalidad informática, donde predominan las estafas, ha indicado que también le preocupan las infracción de naturaleza sexual, en las que destaca la pornografía infantil o el "grooming" (engaño de pederastas por internet) y el uso de las redes para hostigar, humillar o controlar.

Y respecto a los delitos de odio, la fiscal general cree que es necesario ponderar "adecuadamente" la libertad de opinión y expresión y las conductas delictivas que efectivamente inciten a ese tipo de delitos o a humillar a las víctimas.

En este sentido ha señalado que la Fiscalía está redactando una circular que fije una posición unificada de los criterios de actuación en esta materia.

Segarra ha destacado asimismo el "preocupante" aumento del 30 % de los delitos de trata de seres humanos, aunque ha añadido que aún se contabilizan pocos casos.

En materia de terrorismo, Segarra ha hecho referencia a la confirmación de la derrota de ETA "por la respuesta firme del Estado de derecho" y ha asegurado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional seguirá trabajando para prestar apoyo a las víctimas".

Tras recordar que este año se ha nombrado un fiscal encargado de revisar las causas todavía pendientes, ha destacado que en 2017 las causas de terrorismo supusieron casi la mitad de las diligencias previas incoadas en la Audiencia Nacional y que los procedimientos por terrorismo yihadista se incrementaron casi un 12 %.

La fiscal general ha expuesto los principales datos estadísticos judiciales de 2017, donde no han mejorado los tiempos de respuesta entre la apertura de un procedimiento y el juicio, para concluir que el proceso penal español "necesita de una reforma profunda del modelo vigente".

Ha abogado así por una fase de investigación "que supere la reiteración y exhaustividad de las diligencias" y que esté bajo la dirección del Ministerio Fiscal, con un "juez de instrucción o de garantías que se coloque en el rol que le corresponde desde el plano de su configuración funcional".

Debe ser un juez, ha destacado Segarra, "en una posición de verdadera imparcialidad en el debate contradictorio entre las defensas y las acusaciones".

Segarra ha recordado también que se trabaja en un nuevo reglamento para los fiscales y un plan de igualdad y ha apostado por la coordinación de esfuerzos para ofrecer un servicio público de calidad, con un compromiso de transparencia institucional.