Todos los grupos políticos dieron ayer el visto bueno en el Congreso a la convalidación del Real Decreto Ley del Gobierno para el impulso de algunas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia judicial. El decreto, que aprobó el Ejecutivo en agosto, será tramitado en las Cortes como proyecto de ley.
Su objetivo es poner en marcha tres medidas del Pacto que requieren modificaciones legislativas: devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista; permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor; y agilizar la acreditación de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial para que reciban ayudas.
"Este real decreto debe ser convalidado por esta Cámara porque el mensaje que debemos trasladar a nuestro país es que en esto no hay discrepancias partidistas, debemos ir todos a una contra la violencia machista. (...) Tenemos que decirles a las víctimas que pueden salir de esa tragedia, que la política está a su servicio", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron con la también ministra de Igualdad en que es urgente la puesta en marcha del Pacto de Estado.
El decreto, que pasará a ser proyecto de ley, prevé modificar el Código Civil para que los hijos de maltratadores puedan recibir atención psicológica con la autorización de un único progenitor. También la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia machista, con el objetivo de que se "conviertan en lugares de "escucha, asilaje y respuesta".
Calvo recordó que el 70 por ciento de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor, por lo que las víctimas deben recibir el mensaje de que "las estamos esperando para ayudarlas".
La tercera modificación legal, en este caso de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, persigue que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de sentencia judicial con el fin de que acceder a ayudas sociales y laborales.
"Creo firmemente que la violencia no desaparecerá si no mantenemos la unanimidad para su total rechazo", dijo la diputada popular Marta González Vázquez, quien mostró su preocupación por determinados aspectos incorrectos o ambiguos del decreto.