El pasado jueves fue un día histórico en el Congreso español. Por un lado, y tras 43 años de su enterramiento, la mayoría de diputados estatales aprobó exhumar el cuerpo del dictador Franco del Valle de los Caídos, con la abstención del PP y Cs. Además, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, logró que los focos se pusieran mucho más en el presidente del Gobierno por su tesis que en esto, si bien la polémica parece diluirse y hasta ha tenido que cambiar su propio currículo por no ser doctorando en Derecho. No obstante, la convicción de jornada histórica resultó inevitable sí o sí para muchas señorías de Canarias, ya que, tras 36 años, las Islas tendrán nuevo Estatuto de Autonomía.

Un paso que la mayoría de grupos consideran crucial para la sociedad isleña y su progreso, principalmente porque se logra un texto de los llamados de "segunda generación" y porque el techo competencial se eleva al "máximo" permitido en la Constitución, según subrayan los grupos con representación en los dos parlamentos y que respaldaron la propuesta: PP, PSOE, CC y NC.

Frente a este entusiasmo (Rosa Dávila habla de "Constitución de los canarios" y CC, de "nuevo pueblo"), las dos formaciones que no apoyaron el texto creen que aún se podía haber conseguido mucho más. Para Cs, que se abstuvo, se ha rehusado ahondar en el debate, si bien se le respaldaron el 70% de sus enmiendas, entre las que destaca la supresión del aforamiento a los diputados isleños.

Podemos, por su parte, reconoce que existen muchos avances que les han hecho dudar, pero finalmente optaron por el no al entender que los logros sociales son insuficientes y muchos están en el aire, aparte de considerar que se le ha hurtado el debate y la participación a la sociedad canaria, algo que rechazan de plano los favorables recordando que esto lleva años pendiente y que, de hecho, pudo aprobarse hace mucho con otras coyunturas políticas.

De una u otra forma, lo cierto es que un repaso a los contenidos del nuevo Estatuto demuestra que la tesis de que es acorde con el siglo XXI, al menos con sus primeras décadas, es bastante acertada. De hecho, y frente al texto de 1982, Canarias se convierte ahora en la primera comunidad con mar reconocido, algo clave por su condición ultraperiférica, su lejanía y el anhelo de muchos partidos y colectivos de tener más competencias sobre las costas, dados los continuos encontronazos que ha habido en esto con el Estado.

Algo similar ocurre con los aeropuertos, según subrayan diputadas regionales como González Taño (CC). Respecto a los aeródromos, se pretende que no se repitan situaciones como que el cierre del Reina Sofía por la noche no se compense con la apertura del de Los Rodeos, aprovechando que Tenerife es la única isla en el mundo con dos aeropuertos tan cerca y evitando que los vuelos se desvíen a otras islas, tal y como pasó hace meses.

Sobre la parte económica, una de las grandes novedades es que el REF no olvida el reciente incremento de la subvención de los vuelos y viajes marítimos entre la Península y Canarias para los residentes del 50 al 75%. Una medida aplicada ya en el verano de 2017 para los viajes entre islas y que, ahora, tiene una asignatura pendiente para evitar que los precios suban por la mayor demanda mediante la declaración de servicio público obligatorio, si bien esto depende de la UE. Para ello, eso sí, el Estatuto sigue ayudando porque, por fin en un tratado de esta relevancia entre España y las Islas, se reconoce la condición de región ultraperiférica, algo que otorga ahora muchas ventajas y un trato especial desde Bruselas.

El texto, asimismo, aporta algo que puede parecer simbólico, pero de una importancia crucial para los 600 habitantes de La Graciosa. A esta isla al norte de Lanzarote se le reconoce como tal y, aunque aún pertenece al municipio conejero de Haría, su impacto publicitario fuera, si se hace desde la sostenibilidad, puede ser un gran acicate turístico si se consolida lo de 8 islas.

Un estatuto, en definitiva, para el presente siglo que, por supuesto, deberá pasar precisamente el filtro del paso del tiempo, de su cumplimiento y resultados palpables en la sociedad isleña en general.

Dos de los grandes saltos que da Canarias con su nuevo Estatuto, una vez se apruebe de forma definitiva, consisten en que uno de sus instrumentos fiscales y económicos claves, el REF, quedará anclado a este texto y ya no dependerá de los vientos cambiantes de la política estatal al desligarse del sistema de financiación regional. Se trata de una vieja reivindicación, especialmente de fuerzas nacionalistas, aunque su necesidad la reconocen desde hace mucho partidos como el PSOE o el PP. En lo que no se coincide tanto, aunque básicamente entre la mayoría de fuerzas y Podemos, es en cómo han aprovechado hasta ahora las Islas, el conjunto de la sociedad isleña, este listado de ventajas, normas y especificidades para la economía canaria. La formación violeta considera que, incluso con los profundos cambios introducidos en esta especie de fueros isleños en 1994, los grandes beneficiados han sido un grupo muy pequeño de potentes empresarios, lo que extiende a otros instrumentos como la Reserva Canaria de Inversiones (RIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC). A su juicio, lejos han quedado esas ventajas del canario medio y, además, han permitido que las arcas públicas pierdan muchos ingresos potenciales sin compensaciones suficientes y palpables. Por supuesto, los demás discrepan y, aunque se reconoce que buena parte del potencial sigue por desarrollarse, el REF se presenta como imprescindible para hacer más atractiva la economía canaria e instalarse en las Islas múltiples empresas, aparte de compensar la lejanía. Justamente esto es lo que, desde ahora, quedará claro en la relación con España al incluirse la condición de Región Ultraperiférica (RUP), algo reconocido hace tiempo por la UE, aunque la clave definitiva pasa por repetirlo en la Constitución si se reforma.

La reforma electoral diferencia los apoyos

Podemos y Cs no respaldaron el nuevo Estatuto en su conjunto por diversos motivos, pero ven de otra forma algunas de sus partes. Aunque les parece insuficiente, creen mucho más oportuno el nuevo sistema electoral porque reduce las injusticias que, a su juicio y en el del PSOE, PP, Podemos (IU incluida) y NC, contiene el actual. Por eso, y si bien ha de pasar el filtro de la Cámara regional y volver a las Cortes, aceptan como mal menor una lista regional de 9 escaños, más otro diputado a añadir a los de Fuerteventura por su incremento poblacional. Los que, en este caso, discrepan son CC y ASG, si bien los nacionalistas han tenido altura de miras y aceptan el texto en su totalidad por priorizar otras partes a estos cambios.

No a los aforamientos y doble insularidad

En un paso pionero en España y que, quizás, sea emulado en breve por el Congreso para todo el país, los diputados canarios serán los primeros en perder su condición de aforados. Además, y según subrayan partidos como ASG, el nuevo Estatuto reconoce la doble insularidad que sufren los residentes en las islas no capitalinas.