Criterios
MANUAL DE OBJECIONES JORGE BETHENCOURT

El purgatorio fiscal

16/sep/18 6:22 AM
Edición impresa

Anda por ahí un excelente estudio del profesor y economista Rodolfo Espino, de la ULPGC, en el que se determina el nivel de imposición fiscal en Canarias con respecto a España y la UE. Leyéndolo compruebas que -como es obvio- en nuestro país pagamos más impuestos que antes, porque la cobertura de los servicios públicos es mayor. Pero además descubres que el 'esfuerzo fiscal' de los canarios nos ha acercado un poco a la media nacional; aunque seguimos por debajo. Canarias llegó a tener un diferencial fiscal de 15,7 puntos con la Península, que hoy se ha reducido a 9,2. Esos nueve puntos miden la diferencia entre lo que se gana y lo que se paga -el esfuerzo fiscal- entre los ciudadanos residentes canarios (donde la recaudación fiscal se sitúa en 10.000 millones de euros al año) y los peninsulares.

Un dato especialmente relevante es que ese diferencial actual descansa básicamente en las excepciones tributarias empresariales: o sea, las rentas del capital. El incremento del esfuerzo fiscal canario ha recaído básicamente sobre el consumo. Esto no deja de ser relevante -y hasta paradójico- en una tierra que se caracterizó históricamente por todo lo contrario. El Régimen Fiscal se dirige hoy básicamente a la exención de las rentas del capital de igual forma que en su época apostaba por la libertad comercial y aduanera.

Con peores sueldos que la media del Estado el peso fiscal de los bienes de consumo que compramos ha subido. Si ese dato se cruza con los costos de la insularidad el asunto se agrava. El último dato oficial del que se dispone -el llamado informe Tomillo- sitúa esos "sobrecostes" de vivir aquí en el 22% del valor añadido bruto regional. Es decir, que el encarecimiento de los bienes y servicios, derivado de la situación geográfica de Canarias, supera ampliamente las ventajas fiscales de las que disponemos.

Si no nos estamos comiendo los unos a los otros es porque en la batidora hay que poner otros elementos. Las islas también disfrutan de una serie de ayudas estructurales, al transporte, a la agricultura o a la desalación de aguas, por citar solo unas cuantas, que vienen a sumarse al diferencial fiscal. Sobre ese colchón descansa hoy el hecho excepcional canario que se ha consagrado en la nueva Ley del REF que está en trance de aprobación en Cortes. Un colchón peligroso, porque produce dependencia y porque cuando se reduce -véase el ejemplo de los recortes del Estado con la crisis- se nos complica mucho la vida.

Que nuestro esfuerzo fiscal sea mayor en el consumo es mala noticia. Está muy bien que las rentas de la actividad empresarial disfruten de exenciones (por supuesto vinculadas a la reinversión de los beneficios, creación de empleo, etc). Pero se sabe que la distribución de la riqueza en Canarias, por la vía de los salarios, es ineficente. De hecho estamos a cola de todas las comunidades del país. Por esa misma razón las rentas del trabajo deberían tener la misma consideración que las del capital a la hora de aplicar los diferenciales fiscales.

Pero lo peor de todo es escuchar a los propios políticos canarios decir que no se puede bajar el IGIC "porque hay que mantener la recaudación para los servicios públicos esenciales". Los servicios públicos se deberían mantener con los fondos que envía el Estado porque son precisamente competencias estatales transferidas. Los impuestos canarios nunca fueron para eso. Esto no es lo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Porque Canarias no es -por ahora- un país independiente que debe sostener el estado del bienestar. Es España la titular de esos deberes y obligaciones.

Pero es verdad que ante la urgencia de la pasada crisis y los recortes, los gobiernos autonómicos desviaron -y desvían- fondos del "bloque REF" para sostener servicios públicos esenciales. Y Madrid se frota las manos. Por eso hay territorios que tienen mejor Sanidad que otros. Y por eso el concepto de ciudadanía en España se ha ido a freír puñetas.

Cuando los políticos de las islas hablan de mantener la presión fiscal también están defendiendo otro estado del bienestar. El de la gran superestructura pública de la administración canaria, que se come cuatro mil millones al año entre pitos y flautas y sedes y viajes. Por eso tampoco se pueden bajar los impuestos. Porque la obesidad mórbida de lo público, aquí y en Madrid, no tiene cura. Que se lo pregunten a los diez diputados más que se suman a la plantilla del Parlamento de Canarias.

MANUAL DE OBJECIONES JORGE BETHENCOURT