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A BABOR FRANCISCO POMARES

Una denuncia gravísima

18/sep/18 6:22 AM
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Abel González, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Tenerife, destapó ayer la caja de los truenos al denunciar -en declaraciones realizadas a Radio Club- que las empresas adjudicatarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hacen la vista gorda con el transporte escolar y otros sectores. Se trata de una acusación extraordinariamente grave, que provoca gran alarma social y supone un enorme perjuicio tanto para las empresas concesionarias de la ITV, como para las que se ocupan del transporte de los chicos de casa al colegio y del colegio a casa. Lo que denuncia el sindicalista González implica que la ITV ha detectado problemas en el transporte escolar, y no los ha reportado. No tiene mucho sentido, porque el objetivo de la ITV es precisamente garantizar la seguridad del transporte privado y público de personas y mercancías. Si realmente se hubieran producido -como él dice- presiones a las empresas de ITV para que miren hacia otro lado, lo primero sería determinar quién ha protagonizado esas presiones, quién las ha asumido y por qué se ha puesto en gravísimo riesgo a los escolares. Aún más desconcertante es la afirmación de que estas presiones y su resultado (la autorización para circular a vehículos en malas condiciones, dedicados al transporte masivo de niños) han sido denunciadas en multitud de ocasiones por su sindicato a la Consejería de Industria, sin que esta se haya dado siquiera por enterada.

La acusación es de tal gravedad que resulta difícil dudar de la veracidad de la misma: una denuncia no atendida ante Industria tiene que haber dejado huellas de su paso por el registro de la propia Consejería. Lo que González nos revela es la connivencia de al menos tres engranajes de un entramado cuasi mafioso que está poniendo en serio peligro la seguridad de nuestros hijos: por un lado, las empresas concesionarias, que recibirían las presiones, para no exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad. Por otro, las empresas de transporte escolar, que se prestarían encantadas al juego de ahorrarse un dinero en arreglos y reparaciones de piezas caducadas o defectuosas. Y en tercer lugar, la Administración canaria, a la que se habría denunciado la situación y no habría dicho nunca nada de nada de esta supuesta trama cuyo objetivo -reducir las reparaciones y ajustes a realizar en el servicio de transporte escolar- supondría el ahorro de recursos suficientes para comprar a la gente de la ITV y a los políticos o funcionarios a los que se les ha contado lo que ocurre y no han dicho ni pío. Si todo esto es cierto, es gravísimo. Un escándalo mayúsculo.

Claro que también puede no ser cierto: también puede tratarse de una insensata ocurrencia de un sindicalista en pleno proceso de reivindicaciones y huelgas de protesta, motivadas por el "descontrol", la inestabilidad y la precariedad laboral que habría provocado la liberalización del sector. Porque uno no se explica muy bien cómo un asunto de tamaña gravedad como el denunciado ha sido completamente desconocido hasta ahora por la ciudadanía, a pesar de las denuncias supuestamente presentadas ante Industria. ¿Por qué solo ante la Consejería? ¿Por qué no en la comisaría o el juzgado más cercano? ¿Por qué no en los medios de comunicación social?

En cualquier caso, ni la Administración ni la Fiscalía pueden cruzarse de brazos ante esta denuncia: se trata de algo muy grave. Si resulta que es cierto lo que González cuenta, si se está "jugando descaradamente" con la seguridad de nuestros hijos, deberían rodar unas cuantas cabezas. Y si es falso, debería rodar al menos una.

A BABOR FRANCISCO POMARES