La estrategia de defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica convertirá con toda probabilidad la próxima semana a Dolores Delgado en la primera integrante del Gobierno de Pedro Sánchez reprobada por el Senado, y el PP y otros grupos no tienen intención de aflojar el cerco a la ministra de Justicia.

Delgado cuenta con la "confianza plena" del Gobierno, según señaló ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, pero, si no hay cambio de postura, la reprobación que ha impulsado el PP está garantizada por su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Los populares creen que la ministra "ha faltado a la verdad" al decir que su intención siempre fue defender a Llarena ante la demanda civil presentada contra él por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos, y denuncian "el desamparo y abandono que ha pretendido causar al Poder Judicial", según reflejan en la moción registrada en el Senado.

Delgado ya compareció en el Congreso y garantizó que desde el primer momento se actuó para defender los intereses del Estado en Bélgica, contratando a un bufete belga cuando se contó con todos los informes técnicos y jurídicos que determinaron la respuesta procesal adecuada para evitar problemas posteriores en tribunales internacionales.

Pero sus explicaciones no han satisfecho al PP, que, además de reprobarla en el Senado, tiene intención de interpelar a la ministra en el pleno del Congreso para saber "cuándo va a dimitir" y, en el caso de no hacerlo, pedir su "cese inmediato".

Los populares sacarán a relucir en esa interpelación "las relaciones de la ministra con ex altos cargos policiales", en referencia al excomisario José Villarejo, y lo que interpretan como una nueva "rectificación", ya que se pasó de decir que no había tenido "ningún tipo de relación" con él a negar cualquier "relación profesional", más allá de hacer coincidido "en algún evento".

Aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado su versión de que no tuvo nada que ver en el asunto con el que se la relaciona con Villarejo, el PP no va a aflojar la presión.

"Está debilitada y ella misma se va debilitando", subraya en declaraciones a Efe la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, que se remite también a las informaciones que la vinculan con asuntos relacionados con el exjuez Baltasar Garzón, al que le une una amistad que ella nunca ha ocultado.

"Hay informaciones que pueden ser ciertas o no ciertas, pero ella no es clara, no es transparente", añade Moro recordando que, en apenas tres meses, han salido del Ministerio un director de comunicación y una jefa de prensa.

La diputada asegura que la intención del PP es continuar con acciones parlamentarias para exigirle explicaciones y desde Ciudadanos, su portavoz de Justicia, Ignacio Prendes, coincide en la necesidad de aclaraciones.

Su partido todavía no ha decidido el sentido de su voto en la reprobación del Senado y Prendes cree que hay que tener "prudencia al utilizar los instrumentos de censura política, para que no se agoten a las primeras de cambio", pero insiste en que Delgado debe despejar dudas ante "una serie de noticias en los medios que abonan la teoría de que hay zonas grises y oscuras en esta ministra".

Ciudadanos ha pedido su comparecencia urgente para que explique si va a influir o no en el Ministerio Fiscal ante la causa del ''procés'', objeto también de una de las preguntas que formulará el PP en el próximo pleno del Congreso.

Los correos de varios jueces críticos con la Generalitat y que comparan la situación en Cataluña con el nazismo serán la munición que usarán en ese pleno, por su parte, ERC y Unidos Podemos. Y el PDeCAT ha solicitado también la comparecencia de Delgado por ese asunto.

Tanto Moro como Prendes lamentan que las polémicas estén ralentizando proyectos importantes para la Justicia y recuerdan que siguen sin respuesta las reivindicaciones que llevaron a jueces y fiscales a su primera huelga conjunta, el pasado mayo.

La portavoz del PP denuncia además que Delgado haya permitido que el Gobierno use precisamente una reforma de la Ley del Poder Judicial para presentar una enmienda con la que quiere sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit.

No es la primera vez que Moncloa interfiere en proyectos del Ministerio de Justicia o eclipsa iniciativas anunciadas por Delgado, como la "reforma integral" de la ley de memoria histórica que avanzó en su primera comparecencia en el Congreso.

El compromiso se mantiene, afirman en Justicia, pero la reforma no se hará a través de un proyecto de ley, sino de las enmiendas que los grupos parlamentarios presentes al decreto aprobado a finales de agosto para la exhumación de Franco, que se tramitará en el Congreso como proposición de ley.

Para Prendes, ha sido también evidente la "absoluta falta de brújula" en el caso de los aforamientos.

Interpelada por Ciudadanos, Delgado anunció que había encargado a la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio en materia legislativa, un informe para limitarlos a los "indispensables", que tenía que estar listo antes del 30 de noviembre.

Apenas cinco días después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostaba por una reforma exprés de la Constitución y ayer el Gobierno resolvía pedir un informe al Consejo de Estado para una reforma que será "un auténtico fraude", en opinión de Ciudadanos, que aspira a acabar con todos los aforamientos.