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A BABOR FRANCISCO POMARES

Contra corriente

25/sep/18 6:37 AM
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El profesor Pablo Hernández, especialista en Derecho Financiero y tributario de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, publicó el pasado miércoles un artículo que demuestra que la subvención a residentes del 75 por ciento en los viajes Canarias-Península y viceversa es básicamente injusto, no evita los abusos, y beneficia especialmente a las compañías. He defendido esa misma tesis desde esta tira durante todo el debate sobre el asunto. Esta subvención no tiene los efectos positivos de la que se estableció en los vuelos entre islas, fundamentalmente porque aquí Binter ha mantenido sus precios sin modificación alguna durante los últimos años. Lo ha hecho, entre otras cosas, porque el aumento de pasajeros fruto de la medida ya ha supuesto un mejor resultado económico, y también porque la situación de práctico monopolio de que disfruta la compañía, y la existencia de precios de referencia en algunos vuelos, exige comportarse con cautela. No ocurre lo mismo con los vuelos Canarias-Península: las compañías cobran casi el doble por un vuelo Canarias-Madrid (menos de 1.800 km en línea recta) que por un vuelo Madrid- Berlín (1.870 km.) o Madrid-Nueva York (5.767 km.)

Según el profesor Hernández, ocurre así porque las compañías acaban adaptando sus precios a lo que saben que puede pagar un usuario. Si volar desde Madrid a Berlín puede situarse entre 150 o 180 euros, por volar a Canarias, un pasajero está dispuesto a pagar más o menos lo mismo. Las compañías acaban subiendo las tarifas, sabiendo que el pasajero acabará pagando el billete por lo que realmente vale, y se embolsan casi íntegra la subvención. Ocurrirá de nuevo, con la excusa de la subida del petróleo. Las compañías prefieren vender billetes subvencionados, a costa de reducir la conectividad real entre Canarias y península, y los vuelos de no residentes a las islas. El impacto no se nota extraordinariamente en el turismo, porque los desplazamientos touroperados se contratan en chárter a precios reales.

El Gobierno hace el primo al dejarse robar por las compañías, pero como es dinero de todos no es de nadie, y aquí se destinan entre 700 y mil millones al año (entre 35 y 50 veces el coste de un plan contra la pobreza) a la barbaridad que supone dedicar 600 euros de dinero público -poco menos de lo que cuestan dos ayudas familiares tipo- a financiar que un pasajero viaje en "business". Personalmente creo que es una vergüenza, y que habría que resolverlo antes de que alguien decida que este país no tiene por qué tirar el dinero de esta forma. ¿Quiere eso decir que no deben subvencionarse los pasajes Canarias-Península? Por supuesto que sí, pero no a base de regalarse a los que más tienen y a las compañías un dinero que es de todos.

La mejor solución es fijar un precio máximo subvencionable y voluntario. Solo se abonará la subvención cuando el pasajero realice su trayecto en un vuelo que no cueste más de 200 euros, por ejemplo. Las compañías no tendrán subvención por ningún vuelo superior a esa cantidad (o a la que se determine de acuerdo con el precio real del servicio prestado).

Con ese formato se acabaría con la trapisonda de las compañías, con la injusticia que supone que el Estado pague subvenciones abusivas a los que pueden viajar en primera, y con una práctica que no es justa ni es defendible. Porque no se trata de oponerse al 75 por ciento. Se trata de establecer sistemas para que el esfuerzo solidario con Canarias no beneficie a los dueños de las aerolíneas. Ellos ya tienen sus propias subvenciones. Algunas multimillonarias.

A BABOR FRANCISCO POMARES