La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado el decreto de la convocatoria de elecciones andaluzas anticipadas para el 2 de diciembre y la disolución del Parlamento autonómico.

Previa deliberación del Consejo de Gobierno extraordinario, la presidenta ha firmado el decreto que regula ambas decisiones que establece la ley electoral.

Las elecciones quedan fijadas para el domingo 2 de diciembre, con lo que campaña electoral en la medianoche del 16 de noviembre y finalizará el 30 del mismo mes, con lo que el 1 de diciembre será el día reflexión.

Dicho decreto, que entrará en vigor mañana, una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recoge que la sesión constitutiva del Parlamento andaluz de la XI legislatura será el 27 de diciembre.

Esta convocatoria electoral ha sido realizada tras una reunión del Consejo de Gobierno con carácter extraordinario, de forma que los comicios autonómicos se celebrarán casi cuatro meses antes de la finalización de la legislatura.

La decisión, que Díaz ha estado sopesando en las últimas semanas, se produce después de que Ciudadanos anunciara formalmente hace un mes la ruptura del pacto de investidura suscrito con el PSOE por el incumplimiento de las medidas de regeneración democrática.

La comunidad autónoma tiene en vigor -hasta el 31 de diciembre- sus presupuestos y el Gobierno socialista andaluz no ve factible negociar las cuentas para el 2019.

A su vez, la disolución del Parlamento desactiva los trabajos de la comisión de investigación sobre el uso de dinero público a través de las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) en clubes de alterne, cuyo plan de trabajo estaba previsto que se aprobara mañana por la tarde.

En septiembre, dio luz verde a iniciativas como una oferta de empleo público para la Administración de la Junta de 2.417 plazas, la contratación este año de 1.306 profesionales para reforzar los centros sanitarios de Atención Primaria y la licitación de 12.000 plazas en residencias de mayores.

También ha aprobado medidas como la incorporación de 17.400 personas al sistema de atención a la dependencia con un gasto de más de 22 millones de euros.

Asimismo, ha autorizado la concentración de operaciones de endeudamiento hasta un importe de 734 millones de euros, de los que 600 se captarán -por primera vez desde el inicio de la crisis- en los mercados financieros.