Un 24,6% de la población española ha respirado aire contaminado este año, en total 11,5 millones de personas, de acuerdo al valor objetivo que establece la directiva europea sobre calidad del aire y según el informe "La contaminación por ozono en España durante 2018", presentado ayer por Ecologistas en Acción.

Este porcentaje se eleva hasta el 85,3% si se tiene en cuenta el valor de ozono recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que seis de cada siete españoles han respirado aire contaminado en lo que va de año, es decir, 39,7 millones de personas. Los datos, recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en 472 estaciones de medición, muestran un incremento de entre 0,5 y 1,6 millones de personas expuestas a contaminación por ozono respecto a las evaluaciones de 2017, 2016 y 2015.

Miguel Ceballos, coordinador del informe, denunció la falta de información sobre los riesgos para la salud de este contaminante y ha instado a las administraciones públicas a que hagan un esfuerzo para hacerla "clara y accesible", ya que "hay que ser un experto para interpretarla".

En este sentido, valoró el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de poner en marcha un Índice Nacional de Calidad del Aire que podrá ser consultado en tiempo real por los ciudadanos, pero ha reclamado que este refleje "los valores relevantes para la salud", que son los que establece la OMS.

También pidió que el Programa Nacional de Control Atmosférico, que el Ministerio prevé que entre en vigor en abril de 2019 y que sustituirá al actual, "sea mucho más ambicioso y contemple medidas concretas para el ozono".

Los más contaminados

El informe apunta a Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia como los territorios más contaminados, frente a las comunidades cantábricas, Valle del Ebro, Castilla y León y Canarias, que muestran niveles de ozono más moderados.

Faltan planes de mejora

Existe una ausencia de planes de mejora de la calidad del aire -contemplados en la legislación vigente cuando se superan los valores objetivos- en doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, ambas Castillas, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco).