La diputada socialista Patricia Hernández ha acusado al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, de "robar" cinco días al año a los ciudadanos de Puerto de la Cruz que diariamente sufren las colas de la autopista del norte (TF-5), lo que significa 30 días cada seis años, el equivalente a un mes de vacaciones.

En comparecencia parlamentaria, la diputada también culpó al consejero de haber ejecutado hasta el pasado mes de septiembre tan sólo un 7 por ciento de las inversiones previstas para carreteras, por lo que ha puesto en duda su capacidad para gestionar los 1.200 millones previstos en el nuevo convenio.

Patricia Hernández se quejó de que Pablo Rodríguez no sólo no haya iniciado ninguna obra nueva en Tenerife, Lanzarote, El Hierro y La Gomera, sino también que las que están en marcha vayan "muy lentas", lo que, en su opinión, refleja que "no está capacitado para ejecutar los recursos para infraestructuras viarias en Canarias".

La diputada socialista apuntó que la Consejería podría adelantar financiación y luego reponerlo con los fondos del convenio de carreteras, tal y como ha hecho la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para costear la dependencia. No obstante, afirmó que aunque el convenio ya estuviera firmado, sólo se podría adjudicar la carretera de La Aldea.

Respecto a la TF-5, señaló que las colas que se producen cada día hacen que "se pierdan los nervios" y demuestran que Coalición Canaria "ha tomado el pelo a mucha gente" porque en estos veinte años "no ha hecho nada" para resolver los atascos, que, según dijo, obligan a muchos padres a tener que costear un servicio de acogida temprana o a utilizar más del doble del tiempo que dura el trayecto en condiciones normales. A su vez, acusó a la Consejería de "ocultar" un permiso de Aena para el soterramiento de la TF-5 a su paso por Los Rodeos.

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, justificó el nivel "tan bajo" de ejecución a la ausencia del convenio de carreteras y quiso recordar que, tal y como se ha comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que finalice el mes de noviembre está prevista la firma del nuevo convenio, que incluye una inversión de 1.200 millones para los próximos ocho años, lo que permitirá comenzar a ejecutar las obras que están pendientes y que no se pueden ejecutar sin dicho convenio, aclaró.

Pablo Rodríguez insistió en que el 7 por ciento de ejecución está calculado en torno a los fondos disponibles (121 millones de euros) y los indisponibles (más de 100 millones que no tienen cobertura jurídica en el convenio de carreteras). Sobre lo disponible, aseguró que a fecha de hoy el nivel de ejecución está por encima del 20 por ciento, un porcentaje "insuficiente pero distinto a ese 7 por ciento que repiten una y otra vez".

Indicó que el año pasado también se hablaba de un dato insuficiente pero que creció a final de año porque las certificaciones de las obras no se hacen de forma lineal y se concentran en el último trimestre del año. Tanto es así que la inversión pública de la Consejería llegó a superar a cabildos como el de Gran Canaria, afirmó Rodríguez.

Sobre la TF-5, reconoció que sufre un problema "grave" de congestión pero dijo que es "absolutamente falso" que cuando se empiecen a hacer obras se resuelvan los problemas de movilidad, puesto que también generan problemas importantes durante su ejecución, apostilló. En este sentido, recordó que se ha firmado con el Cabildo de Tenerife un convenio para mejorar los enlaces e intersecciones y para ampliar un carril adicional entre Guamasa y Los Rodeos, a lo que hay que sumar uno de los proyectos "más ambiciosos" del nuevo convenio, que es el carril BUS-VAO.

UN PORCENTAJE "BASTANTE BAJO".

El diputado Jesús Ramos Chinea (ASG) coincidió con el PSOE en que una ejecución del 7 por ciento es un porcentaje "bastante bajo", pero lo achacó a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se aprobaron en julio, lo que ha dado lugar a un retraso importante en la financiación, y a que el Estado ha retrasado la firma de los convenios, incluido el de carreteras, cuya firma está prevista en noviembre, por lo que habrá que estar "vigilantes" .

La diputada Esther González, de NC, también coincidió con Patricia Hernández en que aunque el convenio de carreteras ya estuviese firmado, la Consejería no podría adjudicar ninguna obra porque "no ha licitado nada". Además, lamentó que de los 121 millones de la adenda sólo se hayan gastado 40,9 millones, "lo que demuestra que [el consejero] no tiene capacidad".

El diputado de Podemos Manuel Marrero señaló que a fecha de 30 de septiembre la Consejería ostenta el "triste récord" de un 18,42 por ciento de ejecución de su presupuesto, cuando la media del resto de consejerías está en torno al 68 por ciento, por lo que se preguntó "con qué solvencia se pueden entregar un montón de millones si son incapaces de ejecutarlos adecuadamente".

Por parte del Grupo Popular, José Tomás Estalella afirmó que el porcentaje de ejecución de la Consejería es un "pírrico testimonial" de una situación que, en su opinión, "tiene padre y madre": el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Clavijo. A su vez, puso en duda de la firma del convenio se vaya a producir, por lo que auguró "un año perdido".

Finalmente, el diputado Mario Cabrera (CC) achacó el problema de las carreteras en Canarias a que al Estado "le cuesta soltar lo que no es suyo" y aseguró que los sucesivos retrasos de la firma del convenio han traído consecuencias "claras" en cada una de la sobras y han generado "inseguridad y colas".