La Fiscalía sostiene que la declaración de independencia del 27-O no fue "meramente simbólica", ya que la Generalitat tenía a punto las estructuras y normas para desarrollar el "marco jurídico" de la República y un plan para garantizar que los Mossos d''Esquadra asumieran el control de todo el territorio.

En su escrito de calificación provisional, en el que pide hasta 25 años de cárcel para los líderes del "procés", el Ministerio Público rechaza así la tesis de los dirigentes independentistas encarcelados, que han alegado que la resolución con la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017 no tuvo valor "jurídico".

"Esta declaración de independencia no era meramente simbólica", resalta la Fiscalía, que argumenta que las autoridades de la Generalitat tenían preparado para su aprobación inmediata un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la República y el despliegue de las "estructuras administrativas" para el funcionamiento "del nuevo estado".

Según la Fiscalía, la Generalitat también tenía a punto para después de la declaración de independencia un plan para garantizar que los Mossos d''Esquadra asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el "control efectivo" de todo el territorio de Cataluña.

En varios de sus escritos judiciales, los líderes del "procés" en prisión han alegado que la declaración de independencia aprobada por 70 votos en el Parlament el 27-O no tenía valor jurídico, al considerar, como sostuvo el exvicepresidente Oriol Junqueras, que la Cámara se limitó a expresar una "voluntad política" en el ejercicio de la "legítima libertad de expresión de unos diputados".

En la misma línea, el expresidente de la Generalitat Artur Mas aseguró el pasado 20 de febrero en su declaración ante el magistrado Pablo Llarena, antes de quedar fuera de la causa, que la DUI aprobada por la Cámara catalana el 27-O tuvo un valor "meramente simbólico" y "parlamentario".

Por el contrario, la Fiscalía considera que el Parlament declaró el 27-O la independencia de Cataluña y su constitución como nuevo Estado en forma de República "haciendo realidad la hoja de ruta marcada previamente".

Según la Fiscalía, el pleno del Senado aprobó ese mismo día la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió destituir al Govern en pleno y convocar elecciones autonómicas "ante esta situación de ruptura total de la legalidad constitucional, y teniendo en cuenta el grave riesgo que ello suponía para la integridad territorial del Estado".