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Junqueras y Forn cumplen hoy un año en prisión

El Ministerio Público pide para el exvicepresidente de la Generalitat 25 años de cárcel y 16 años para el exconsejero de Interior
Madrid, Europa Press
2/nov/18 10:32 AM
eldia.es
Rull, Forn, Romeva, Turull y Borras./Marta Jara

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn cumplen un año en prisión provisional por su participación en el proceso independentista en Cataluña, aniversario que coincide con el anuncio de las penas que pide la Fiscalía para cada uno de los 18 líderes del 'procés' por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. El que fuera 'numero dos' del Govern se enfrenta a 25 años de cárcel, mientras que para el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra se solicita 16 años.

Precisamente hace un año, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a todos sus exconsejeros como investigados en el 'procés', que culminó el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía General del Estado por estos hechos.

El Ministerio Público presentó una querella similar en el Tribunal Supremo pidiendo que investigase a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa por facilitar la tramitación y la votación a favor de la ruta secesionista, porque por entonces eran aforados. Ese mismo día 2 de noviembre, el juez del alto tribunal también llamó a declarar a estas personas; aunque finalmente las comparecencias se retrasaron una semana a petición de los abogados que alegaron indefensión por la premura con la que habían sido citados.

Una petición que también formalizaron los abogados del exGovern, pero que no fue aceptada por la juez Lamela, pues interrogó y envió a prisión a todos los exconsellers que comparecieron, es decir, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, y Carles Mundó. No obstante, para el exconsejero Santi Vila, la magistrada acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

EL PLANTÓN DE PUIGDEMONT

No obstante, recibió el plantón de Puigdemont y cuatro exconsejeros, que el día 30 de octubre se habían fugado a Bélgica. Ante esta situación Lamela ordenó una orden de detención nacional, europea e internacional contra estos cinco investigados que a día de hoy continúan huidos de la Justicia española.

Para la juez instructora --recientemente designada magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo--, es de "especial importancia" los cargos públicos que desempeñaban los exconsejeros para "impulsar" el proceso independentista en Cataluña, incumpliendo durante dos años las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Es más, en su auto de prisión argumentó que los investigados cometieron violencia al urdir una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, basada en apoyar y alentar "movilizaciones tumultuarias" en "contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y auspiciando al "brazo civil del levantamiento", en referencia a las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ingresaron en la cárcel dos semanas antes por los hechos acontecidos en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017.

La investigación al gobierno de Puigdemont residió un mes escaso en la Audiencia Nacional pues a finales de noviembre el instructor del Supremo solicitó a Lamela, que se mostró partidaria de que el alto tribunal asumiese toda la causa, su parte de la investigación. El juez Pablo Llarena entendió desde el "primer momento" que los hechos instruidos en ambas sedes judiciales tenían una "conexión material inescindible".

Antes de todo esto, Llarena tomó declaración a Forcadell y a los miembros de la Mesa y acordó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; libertad bajo fianza de 25.000 euros para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet; mientras que a Joan Josep Nuet le dejó en libertad sin medidas cautelares.

Las siguientes declaraciones ante el juez del Supremo fue la que realizaron todos los investigados que procedían de la Audiencia Nacional, que solicitaron quedar en libertad. El magistrado impuso una fianza de 100.000 euros para todos los exconsejeros salvo para Junqueras, Forn y los conocidos como 'los Jordis' que, pese a las reiteradas peticiones de ser excarcelados, han cumplido un año en prisión.

ARCHIVO DE LA CAUSA PARA TRES INVESTIGADOS

La causa llegó a tener hasta 28 investigados, pero el 21 de marzo de este año el juez Llarena acordó el procesamiento solo para 25 de ellos por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. De este modo, archivó la causa para el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Uno de los argumentos principales que se exponen en el auto de procesamiento es que ha quedado acreditada la existencia de violencia para imputar el delito de rebelión, pese a que las defensas han intentado con insistencia desmontar esta tesis, pues han defendido que jamás hubo un alzamiento con armas. Ante esto, Llarena ha afirmado en sus resoluciones que "cabe una rebelión sin armas".

De hecho, en el auto de procesamiento el juez instructor hizo especial hincapié en el "actuar violento" que se pudo ver el 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía, donde decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención "exclusivamente intimidatoria" contra la comisión judicial que estaba realizando un registro e incautación de documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por otro lado, el magistrado del Supremo dictó un auto el pasado mes de julio con el que acordó el cierre de la instrucción y procedió a abrir una pieza separada para incluir a todos los procesados huidos y declarar su condición de rebeldía. Se trata de Puigdemont, los exconsejeros que le acompañan desde el primer día en su fuga, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí; la dirigente de ERC Marta Rovira, que abandonó España el mismo día que estaba citada para conocer su procesamiento; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que huyó para no comparecer ante el juez Llarena.

Todos ellos ahora mismo tienen la libertad de circular por cualquier país, ya que el pasado 19 de julio, el juez Llarena retiró las euroordenes y las internacionales contra los huidos --salvo para Gabriel que nunca se dictó-- tras el rechazo de los tribunales belga y alemán de entregarles por el delito de rebelión que se les imputaba.

Con todo ello, tras ser confirmados los procesamientos a finales de junio, la semana pasada la Sala de lo Penal del alto tribunal sentó en el banquillo de los acusados a los 18 procesados que se encuentran a disposición de la justicia español, para los que hoy se ha conocido las peticiones de penas de la Fiscalía.